Unas 51.000 personas murieron de manera violenta en Honduras entre 2010 y 2018, informó hoy el comisionado de los Derechos Humanos, Roberto Herrera, que dijo que es «reprochable» que los hondureños se estén matando entre ellos.
«Es reprobable lo que está ocurriendo y es un dolor inmenso para toda la familia hondureña, para toda la nación, sentir como nos estamos exterminando entre nosotros mismos», subrayó Herrera en un comunicado.
Señaló que la vida es el «don más precioso», porque de «allí emanan todos los demás derechos, sin embargo, pareciera que no es valorada por algunas personas».
«La principal responsabilidad es querernos a nosotros mismos y pedir que respeten nuestra dignidad, pero, al mismo tiempo, respetar la dignidad de los demás», enfatizó.
No obstante, el defensor del pueblo hondureño agregó que el Gobierno ha puesto en los últimos años en marcha una «serie de acciones» en materia de seguridad pública, con el fin de reducir el número de muertes violentas en el país.
Esa política y estrategia de seguridad pública se desarrolla especialmente desde «un enfoque represivo y poco preventivo de los hechos de violencia y criminalidad», destacó.
Herrera reconoció que las acciones del Gobierno han logrado un «un descenso significativo» de la tasa de muertes al pasar de 86,5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2011 a menos de 45 en 2018.
Sin embargo, al organismo hondureño de derechos humanos le preocupa que «se base únicamente en este indicador para considerar que la política pública atendida trae consigo la paz y tranquilidad en el país».
«Hay una serie de problemas sociales no resueltos en Honduras que causan grave sufrimiento a la dignidad de los habitantes, al grado, de afectar a un sinnúmero de personas o poblaciones enteras, que se ven forzadas a huir hacia el interior o exterior del país en busca de protección», añadió.
Herrera señaló que muchos hondureños se ven obligados a desplazarse en el país o el exterior por temor a perder la vida, ya sea porque es víctima de amenazas o extorsión.
Entre 2016 y agosto de 2018 el organismo hondureño de derechos humanos recibió «alrededor de 2.000 denuncias» de personas y familias, de ellas entre el 40 y 45 por ciento tuvieron que abandonar sus hogares y el resto estaba en «situación de riesgo». EFE (I)
ac/rb/cav