Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
Finalmente, el país se apresta a tener una nueva Corte Constitucional. Luego de más de una década de vigencia de la llamada Constitución de Montecristi –la número veinte que registramos– tendremos magistrados cuyos méritos no se miden por su servilismo hacia el poder de turno, ya sea que ese poder se siente en Carondelet o en algún cortijo, sino por su compromiso con el derecho y lealtad para con la democracia. Las escaramuzas de un grupillo que buscó empañar el buen nombre de algunos de los nuevos magistrados solo sirvieron para demostrar el temor que le tiene la banda de mafiosos correístas a la sola idea de que haya una corte que no es de su propiedad, tal como sucedió en el pasado.
Si hubo una institución que simbolizó la degradación del correísmo y que lleva el peso histórico de haber permitido que se instale esa dictadura fue la Corte Constitucional. No es una coincidencia que uno de los primeros escándalos de corrupción del correísmo se originó precisamente en la Corte Constitucional cuando el hermano de un alto funcionario de ella fue sorprendido con un millón de dólares que le había facilitado una empresa para que supuestamente la defendiera en un caso no menos escandaloso –lo que le valió el deshonroso mote de “la corte cervecera”–, caso que para vergüenza nacional sigue sin resolverse. Fue esa Corte Constitucional la que legitimó no solo la corrupción en su seno –tarifarios, fortunas de nuevos ricos, etcétera–, sino que sirvió para encubrir una sistémica violación de los derechos humanos como nunca la habíamos tenido, así como los peores atracos y abusos.
¿Cómo llegamos a tener y, sobre todo, cómo llegamos a tolerar por una década una Corte Constitucional integrada por gente de la peor calaña ética e intelectual? ¿Cómo pudimos tener magistrados constitucionales que defendieron, por ejemplo, la ley mordaza, ley que en el exterior es citada como un regreso de las leyes de prensa del fascismo italiano? ¿Cómo pudimos tener una Corte Constitucional con personas que ahora están siendo escudriñadas por enriquecimiento injustificado?
Una reciente investigación realizada por la profesora Fröhlich y estudiantes de derecho de la Universidad San Francisco de Quito (‘Razonamiento constitucional y el constitucionalismo andino: el caso de la Corte Constitucional de Ecuador y su relevancia en América Latina’), preparada siguiendo los lineamientos del Comparative Constitutional Reasoning Project –una iniciativa académica para analizar el razonamiento constitucional de varios tribunales constitucionales del mundo basada en una mezcla de métodos cuantitativos y cualitativos– da cuenta, por primera vez y de una forma rigurosa, de aquello de lo que los ecuatorianos fuimos testigos y víctimas a la vez, esto es, de una Corte Constitucional que por detrás de su alambicado lenguaje neoconstitucionalista lo que hizo en realidad fue darle la espalda a la Constitución y la democracia.
Esperemos que la nueva Corte Constitucional –al menos por el tiempo que dure la actual Constitución– traiga un soplo de esperanza a un país al que se le robaron hasta eso. (O )