La Contraloría encontró una serie de irregularidades sobre el manejo que el Ministerio de Justicia dio a los documentos sobre el asesinato del general Jorge Gabela, ocurrido en el 2010. La mañana de este martes 12 de enero del 2019, el ente de control realizó una lectura del examen especial realizado al manejo documental que estuvo a cargo del Comité Interinstitucional, creado por el entonces presidente Rafael Correa, en el 2012, para investigar el crimen.
Una de las conclusiones a las que llegó la Contraloría es que el tercer producto o informe, elaborado por el perito Roberto Meza, permaneció sin custodia.
Los auditores determinaron que Meza entregó el documento por ventanilla el 8 de julio del 2013 y que en ese tiempo no había un Coordinador Jurídico en el Ministerio de Justicia, que era la misma persona que administraba el contrato con el que se avaló la creación del documento.
Otra conclusión señalada por los auditores es que durante el trabajo del Comité Interinstitucional, la Secretaría de Estado actuó sin un reglamento y de forma poco diligente. Por ejemplo, de las 71 reuniones que se realizaron entre el 2012 y 2015, solo existen 34 actas y listas de asistencia.
De esta cifra, 26 asistencias no tienen firma de quienes intervinieron allí. Un aspecto que se abordó en la lectura del informe es que el 22 de agosto del 2013, el Comité recibió un documento en PDF desde el correo electrónico del perito Meza. Esta carta contenía el tercer producto que ya había sido entregado, pero se le habían solicitado modificaciones.
La Contraloría preguntó a Meza sobre este correo y él aseguró a la entidad que en ese fecha su cuenta de correo electrónico sufrió un hackeo. Para la viuda de Gabela, Patricia Ochoa, estas irregularidades detectadas confirman su teoría de que el Estado le ocultó información de forma deliberada sobre la muerte del esposo.
“Hay tantas irregularidades como el hecho de que la señora (Ledy) Zúñiga me entregara en el 2015 un informe que dice haber sido elaborado por el perito Meza, pero que contiene menos 30 páginas que el original”, indicó. Ochoa, junto con su abogado, Ramiro Román, insistieron en que el caso no avanza dentro de la Fiscalía, donde hay una investigación.
Una de las razones, según Román, es que el Ministerio de Defensa no ha entregado la información que ha solicitado la Fiscalía. “Dicen que necesitan más tiempo, pero con esas largas han pasado nueve años del crimen y no es justo”, dijo el defensor.
- Fuente Diario El Comercio