El Frente de Defensa Amazónico (FDA) ha exigido este jueves al Gobierno de Ecuador que se abstenga de limpiar los restos de un controvertido vertido, para que sea la petrolera Chevron la que se haga responsable de las afectaciones.
Representantes del frente que representa a los afectados comparecieron hoy ante los medios en Quito para dejar claro que no se oponen a ninguna remediación de los daños que achacan a Chevron, pero que estos, «van mucho más allá» de la última sentencia emitida por un tribunal de arbitraje el año pasado y que eximía a la petrolera de responsabilidad.
El ministro ecuatoriano de Hidrocarburos, Carlos Pérez, anunció el martes que Ecuador solicitó a la Justicia autorización para limpiar las zonas del considerado mayor desastre ecológico en la Amazonía y que llevó al contencioso con la petrolera Chevron, lo que provocó la indignación entre los afectados.
«Es un pedido del presidente (Lenín Moreno) que nosotros remediemos eso«, aseguró el ministro, quien aclaró que esa solicitud fue elevada hace unas dos semanas por la empresa pública Petroamazonas.
Pérez explicó que la Procuraduría General del Estado dio su consentimiento, «porque todas las pruebas que se han tenido (para el litigio) ya han sido ejecutadas» y avanzó que los trabajos de limpieza darán comienzo este mismo año.
«Es cuanto menos propagandista decir que Petroecuador va a remediar, porque si hay una sentencia que le condena al infractor a que pague, lo lógico es que el Gobierno coadyuve a que podamos cobrar esa sentencia«, manifestó hoy el abogado Agustín Salazar y miembro del equipo legal del FDA.
El caso se inició en 1993 a raíz de las denuncias interpuestas por comunidades indígenas y de campesinos afectados por vertidos de la petrolera Texaco -hoy Chevron-, en la cuenca amazónica ecuatoriana entre 1964 y 1990.
Una sentencia emitida en 2011 por una corte de Lago Agrio, en Ecuador, cifraba en 9.500 millones de dólares la indemnización que debía entregar la empresa a los afectados.
El FDA subrayó hoy que esa cantidad que debía pagar la multinacional como indemnización era «irrisoria» en relación al daño ocasionado, cuya remediación real bordearía los 100.000 millones.
Además los afectados subrayaron que la sanción se centra en los daños materiales sin tener en cuenta que la mayor afectación ha sido hacia los pobladores.
«No hay un pacto de Petroecuador ni compromiso para remediar nada que tenga que ver con lo humano, que es la cuestión mas risible«, resaltó por su parte Hermen Chávez, representante del FDA.
Cuestionó asimismo la medida anunciada por el Gobierno porque aseguró que no se ha hecho ninguna consulta a los pueblos indígenas y que no «se ha llegado a ningún acuerdo».
La petrolera recurrió la sentencia de la justicia ecuatoriana y litigó ante una corte arbitral internacional en La Haya, que falló en 2018 a favor de Chevron al considerar que la sentencia de Lago Agrio arrastró irregularidades como fraude, sobornos y corrupción.
De acuerdo al dictamen, el Gobierno ecuatoriano debía pagar a la petrolera una indemnización. EFE