Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador
Todos somos trabajadores. Tanto los empresarios como los empleados públicos y privados.
Nadie quiere eliminar las modalidades de contrato vigentes ni los derechos que conllevan. Pero sí es indispensable flexibilizar la relación laboral para que se puedan unir la oferta y la demanda laboral de quienes no tienen un trabajo formal en este momento.
Las personas necesitan trabajar y las empresas contratar. El objetivo es facilitar la contratación para que todos puedan trabajar.
Los sindicalistas defienden los derechos de tres millones de personas que tienen empleos adecuados. Y eso está bien, pero deban ser más empáticos. Proteger esos derechos no debe eliminar la posibilidad de que cinco millones de ecuatorianos puedan acceder a un empleo formal. La promulgación de nuevas modalidades de contrato como el trabajo por horas, ampliación del periodo de prueba, trabajo en fin de semana y feriados, cambios en el contrato de trabajo juvenil y el contrato a plazo fijo, son urgentes para la mayoría.
El inconveniente es que los desempleados no tienen voz, evitando que los políticos impulsen la creación de nuevas modalidades de trabajo que les permitan a las personas sin empleo adecuado ingresar a la fuerza laboral formal.
Solamente los sindicalistas se hacen escuchar mediante su constante intimidación a las autoridades de elección popular, obligándolos a excluir el tema de la reforma al Código de Trabajo para incluir nuevas modalidades de contratación.
El último 1 de mayo se vio la poca fuerza que tienen los sindicalistas y que su discurso anti productividad y a favor del caos fue rechazado por la mayoría de la población.
Los políticos siempre hablan de crear empleo, pero no combaten el desempleo uniendo a quienes quieren trabajar, con los que quieren contratar, desaprovechando el potencial electoral que crear empleos significa.