“El pleno del Consejo de la Judicatura(CJ), en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, estableció el procedimiento de aplicación de la figura de la comisión de servicios, el cual no está previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial, ni en norma interna alguna, con lo que su desarrollo procedimental precautela el derecho de las y los servidores judiciales y tutela el derecho constitucional a la seguridad jurídica”.
Esa fue la explicación que el CJ dio ayer, mediante un comunicado, a las críticas que generó la resolución 068, expedida el 22 de mayo, con la que asumía como “autoridad nominadora en forma exclusiva la potestad legal para autorizar y dar por terminadas las comisiones de servicios con y sin remuneraciones, en favor de los judiciales de todas las carreras de la Función Judicial”.
La fiscal Diana Salazar llegó ayer hasta el CJ para solicitar que se derogue la medida.
Salazar recordó al CJ que la Fiscalía es un órgano autónomo de la Función Judicial y explicó sobre los problemas que enfrenta al tener un déficit de 538 fiscales a nivel nacional.
Según Salazar, la Fiscalía en el 2018 recibió un promedio diario de 984 denuncias; mientras que en el 2019 ha recibido 955 denuncias en promedio.
La Fiscalía asegura que las autoridades del CJ quedaron en revisar la resolución. Pese a ello, el boletín de prensa de la Judicatura sostiene que esta resolución no pretende afectar la autonomía de la Fiscalía o de la Defensoría Pública. (I)
- Fuente Diario El Universo