María Fernanda Egas
Miami, Estados Unidos
A principios de septiembre del 2018 aterrizó en Guayaquil el avión para la lucha antinarcóticos Lockheed P-3 Orion de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. Entonces se anunció que esta operación se repetiría periódicamente para reforzar la lucha contra las actividades ilegales de narcotráfico en la frontera con Colombia y en las costas del país, como resultado de un acercamiento entre Ecuador y los Estados Unidos tras diez años de la salida de los norteamericanos de la Base de Manta, en cumplimiento al acuerdo de Rafael Correa con la organización narcoterrorista FARC a cambio de financiamiento para su campaña presidencial del 2007.
De acuerdo al consultor aeronáutico Nicolás Larenas, el avión antinarcóticos del tío Sam podría ser donado a las Fuerzas Armadas del Ecuador. Una noticia que va de la mano con el anuncio de la habilitación de facilidades logísticas en las Islas Galápagos para la lucha contra el narcotráfico y la pesca ilegal.
Para las autoridades no es un secreto que la nueva ruta marítima del narcotráfico que parte de la Costa ecuatoriana circunvala las Islas Encantadas, para entrar en zona protegida, dificultar su detección, y continuar su ruta hacia Centroamérica. De eso pueden dar fe los cientos de pescadores ecuatorianos que han sido atrapados por la DEA en aguas internacionales; o el “Pablo Escobar ecuatoriano” Washington Prado, alias Gerald, sentenciado por los Estados Unidos por haber traficado 250 toneladas de cocaína entre 2016 y 2017, y quien inició su fulgurante carrera ilegal como piloto de lanchas rápidas en la ruta del Pacífico.
Llama la atención que quien ha movilizado a la prensa internacional en protesta a estas operaciones de control de narcotráfico sea el ex presidente y prófugo de la justicia Rafael Correa, quien ni menciona siquiera la función del Lockheed P-3 Orion en el control a la pesca ilegal que tendría también al poder utilizar a Galápagos como un portaviones natural.
En su gobierno la flota china pescaba alegremente en Galápagos, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, debido a su frágil y único ecosistema. Sus acusaciones desde Bélgica se resumen a alertar de una nueva base militar “gringa” en el archipiélago, algo que Lenín Moreno se ha apresurado a desmentir y ha adelantado que la cooperación será ampliada junto con los gobiernos de Perú, Chile y Colombia
Lo cierto es que Ecuador no ha contado con los recursos logísticos suficientes para controlar sus 7.880 kilómetros de archipiélago, y que de esto nadie se aprovechó tanto como el narcotráfico y la pesca ilegal china durante la década correísta.
El 12 de junio pasado, en una acción conjunta de la Policía Nacional, cayó una banda liderada por Eduardo Xavier Larrea Cruz dedicada al narcotráfico internacional por vía aérea hacia Centroamérica. La organización narcodelictiva realizaba sus operaciones en Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay y Pichincha y mantenía contacto con ciudadanos mexicanos del Cartel de Sinaloa. Así mismo, tenía una persona clave en la Dirección General de Aviación Civil y otro en la Policía Nacional. Pero fue la captura de sus dos contactos en la Fuerza Aérea Ecuatoriana en septiembre del año pasado en un sonado operativo en la Base de Manta, sentenciados a 17 años de prisión por intentar traficar 1.2 toneladas de cocaína, la que permitió llegar hasta esta banda de delincuencia organizada conformada.
Esta podría ser una aprehensión más, en un país en el que despegan narcoavionetas desde una refinería imaginaria de 2.000 millones de dólares, y que tiene más de 2.000 pistas de aterrizaje no controladas. Pero resulta ser que el líder de la banda de narcotraficantes es nadie menos que el ex Director de la Dirección General de Aviación Civil durante el gobierno de Rafael Correa. Y resulta que Larrea Cruz es hermano del dueño de las avionetas incautadas por la DEA en Fort Lauderdale en el 2014.
El periodista de investigación Gerardo Reyes, del canal Univisión, denunció entonces que el avión Gulfstream modelo 1981 con matrícula N378 MB de la empresa Sky Jet Elite -mismo que el ex asambleísta Cléver Jiménez denunció por transportar a funcionarios del régimen de Rafael Correa a los Estados Unidos- “en 2013 cubrió rutas a destinos como Baltra y Cuenca en Ecuador, Buenos Aires, Argentina y Nueva York. En 21 registros de vuelo obtenidos por Univision, solo aparece declarado un pasajero y sin nombre.” El periodista Reyes solicitó información a Larrea Cruz sobre quiénes eran los inversionistas de la empresa, pero solo recibió amenazas legales como respuesta. Las naves fueron finalmente rematadas por la DEA, lo cual no deja lugar a dudas sobre la solidez de las evidencias por actividades ilícitas que tuvieron al incautarlas.
Las investigaciones sobre el alcance y los vínculos de esta organización delictiva podrían remontarse a los antecedentes del líder de la banda como el hombre de Rafael Correa en la Dirección de Aviación Civil.
Que Larrea Cruz cante en la Fiscalía y ante los agentes antinarcóticos, quiénes viajaban en el Gulfstream N378 MB y quiénes son los inversionistas de Sky Jet Elite, información que nunca se pudo obtener durante el correísmo y que ahora podría aclarar los temores por el control antinarcóticos sobre las Islas Encantadas.