El Ministerio de Ambiente de Ecuador aclaró este miércoles que no tiene competencias para autorizar o denegar el ingreso de empresas petroleras en el país, a raíz de unas publicaciones que supuestamente habrían sugerido esa función en el contexto de un litigio con una comunidad indígena de la Amazonía.
En un comunicado la Cartera de Estado explicó su posición oficial ante la divulgación por parte de medios de comunicación de informaciones bajo el titular de «Ambiente apela el fallo para que petroleras ingresen a la Amazonía».
El boletín de Ambiente aclara que «no está dentro de su competencia el autorizar o no el ingreso de las empresas petroleras».
El pasado lunes el Gobierno de Ecuador apeló un fallo judicial que impedía la entrada de petroleras a zonas habitadas por indígenas de la comunidad waorani en la Amazonía, según informó ese colectivo.
La Corte Provincial de Pastaza, en la ciudad de Puyo en la cuenca amazónica, analiza el recurso y se espera que emita una resolución en los próximos días.
El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables que había anunciado su intención de apelar una histórica sentencia en primera instancia favorable a esa comunidad indígena, desistió de hacerlo y en su lugar, la interposición del recurso recayó en el Ministerio de Ambiente.
Las organizaciones indígenas aseguraron en un comunicado que el Ministerio de Ambiente había adoptado «una posición pro-petrolera en la audiencia de apelación» y que «un aparente error del Ministerio de Energía» había dejado a esta última cartera fuera de la apelación contra la sentencia.
A este respecto, el Ministerio ambiental quiso recalcar hoy que el pasado 9 de mayo, el Tribunal de Garantías Penales de Pastaza, resolvió en primera instancia que se realice la consulta previa libre e informada a las comunidades que se encuentran en el bloque 22, «respecto a las actividades petroleras dentro de sus territorios, desconociendo la consulta ya realizada en el año 2012 en el bloque mencionado».
La etnia indígena había solicitado a la justicia una acción de protección frente a la explotación petrolera en ese bloque 22, en proceso de licitación por el Ministerio de Energía e Hidrocarburos.
Los waoranis alegaron que una consulta realizada en 2012 en esa región estuvo «viciada», fue «mañosa», y no garantizó el principio de información y libertad de la consulta porque fue un «engaño a comunidades para justificar la licitación petrolera en el territorio».
El comunicado del Ministerio de Ambiente subrayó que el pasado lunes fundamentó su recurso de apelación al dictámen a favor de la comunidad ancestral, «por contener graves errores técnicos y jurídicos», y defendió su participación dentro del proceso de la consulta previa «libre e informada» realizada en el año 2012.
Y concluye asegurando que en la vista judicial participaron la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables.
La batalla legal de los waoranis se ha convertido en un símbolo de la lucha de los derechos de los pueblos indígenas frente a las políticas extractivas de gobiernos y multinacionales, y motivado el apoyo de personalidades como Leonardo Di Caprio. EFE