La Asamblea Nacional ha discutido este jueves la despenalización del aborto en caso de violación, incesto o inseminación no consentida. La presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, de las filas de Alianza PAIS y que defiende la propuesta, alega que el aborto no punible está ya vigente y lo que se hace con la reforma es añadir dos excepciones modificando el literal 2 del artículo 150 del Código Integral Penal, cuya reforma se discute.
«Se incluye que no se penalizará la interrupción del embarazo cuando el mismo sea una consecuencia de violación, incesto o inseminación no consentida; o cuando el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, en todo caso de carácter letal».
Se incluye un inciso que limita el aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación; y establece también que no se requerirá de una preexistencia de una sentencia sino que bastará con la afirmación de la mujer.
«Esta reforma no despenaliza el aborto, sigue siendo criminalizado en el Ecuador. En cambio sí permite que la víctima, la niña, la adolescente, la mujer violada pueda decidir si desea continuar o no con un embarazo resultado de una violación. ¿Queremos realmente que una mujer, luego de haber sido violada vaya presa por no tener la valentía de asumir un embarazo no deseado, un embarazo de su violador?», ha argumentado Peña.
La tesis contraria ha sido defendida por la asambleísta Lourdes Cuesta, quien se ha pronunciado por el informe de minoría. «Defiendo la vida desde el momento de la concepción. ¿Qué culpa tiene aquel que tiene su vida garantizada en la Constitución y Código Orgánico de la Niñez?», recalcó.