El pleno de la Corte Constitucional de Ecuador acogió como válida una solicitud de «reforma parcial» a la Carta Magna, que busca suprimir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), cuya función de nominación de autoridades de control volvería a recaer en el Legislativo.
La resolución de la Corte, difundida en redes sociales, acogió el pedido del grupo político Ahora, que propone eliminar el CPCCS a través de un mecanismo novedoso denominado «reforma parcial», que requiere el respaldo de, al menos, el 1 por ciento de los votantes inscritos en el padrón electoral, es decir algo más de 132.000 firmas de apoyo.
La iniciativa, si cuenta con el apoyo requerido, será presentada en la Asamblea Nacional (Parlamento) para que la tramite en dos debates del pleno (con 90 días de diferencia entre ellos), tras lo cual se convocaría, de ser el caso, a un referendo en un máximo de 45 días.
«¿Está usted de acuerdo con reformar parcialmente la Constitución de la República del Ecuador y eliminar los artículos 207, 208, 209 y 210 para suprimir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y trasladar su potestad nominadora a la Asamblea Nacional incluyendo en el artículo 120 numeral 11 de la Constitución dicha atribución a este órgano legislativo conforme el anexo 1?», sostiene la pregunta presentada por Ahora.
«La propuesta de modificación constitucional para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el consecuente traslado de su atribución de designación a la Asamblea Nacional, deberá ser tramitada por el mecanismo de reforma parcial», reza la resolución de la Corte.
Esta decisión se da en un momento en que en el Parlamento se tramita un pedido de juicio político contra varios integrantes del CPCCS, sobre todo contra su presidente, José Tuárez, a quien varios grupos políticos que apoyan su destitución lo vinculan con el expresidente Rafael Correa (2007-2017), actualmente prófugo de la justicia.
Cristian Cruz, uno de los consejeros del CPCCS, dijo a Efe que respeta la decisión de todas las instituciones del Estado, como la Corte Constitucional, aunque no está de acuerdo con ella.
Según el consejero, debería haber una convocatoria a una consulta popular para que sea el pueblo el que se pronuncie de forma directa, sin las interferencias que podrían surgir de los cálculos políticos en el Legislativo.
Y es que, para Cruz, el CPCCS nació con la aprobación, en el referendo de 2008, de la Carta Magna elaborada por una Asamblea Constituyente.
Consideró que, «en derecho, las cosas se deshacen como se hacen», por lo que sugirió que haya un debate entre todos los actores políticos y sociales sobre «este órgano de control tan importante».
Además, recordó que por primera vez los vocales del CPCCS fueron elegidos en elecciones directas en marzo de este año, con lo que se intentó poner fin a una actuación polémica de un órgano transitorio que ejerció funciones y fue apoyado por el Gobierno del presidente Lenín Moreno.
Insistió en que debería haber un mayor debate sobre este asunto, para no caer en situaciones que podrían afectar a la institucionalidad.
«No podemos refundar al país cada dos o cuatro años», guiados por intereses de «actores políticos» que actualmente se encuentran en desacuerdo con el Consejo Ciudadano, añadió Cruz. EFE