España ha rechazado una petición de asilo presentada por el ex jefe de la Inteligencia ecuatoriana Pablo Romero Quezada, requerido por la justicia de su país en relación a un caso de secuestro en 2012 en Colombia al entonces político opositor Fernando Balda.
Así lo asegura el propio Balda en un mensaje este jueves a los medios de comunicación, que adjunta un documento de cinco páginas del Ministerio del Interior de España con el supuesto contenido de la resolución.
«No sé cuando fue la audiencia, pero le acaban de notificar hoy», dijo Balda a Efe al ser consultado por el documento, que lleva la firma de la subsecretaria española del Interior, Isabel Goicoechea Aranguren, y la fecha manuscrita de «1 Ago 19» sobre el sello del Ministerio.
Preguntado acerca de dónde obtuvo el documento de la resolución, Balda no quiso mencionar su fuente, pero aseguró que la resolución «ya está en la Embajada de Ecuador en España».
Después de seis años, el activista político consiguió llevar su caso en 2018 ante la justicia ecuatoriana, que en marzo condenó a dos personas por los hechos y requiere a juicio por el delito de secuestro tanto a Romero Quezada como al expresidente Rafael Correa, ambos fuera del país.
El político opositor, que llegó a militar en las filas de Alianza País, el partido que fundó Correa, denunció que estuvo secuestrado durante unos 90 minutos y fue liberado en una acción de la Policía colombiana tras recibir una llamada de un taxista que presenció los hechos, según su propio relato.
Tanto Correa como Romero Quezada niegan su implicación en el delito, del que fueron inculpados por el testimonio de dos ex agentes condenados con base en su propia confesión: Diana Falcón y Raúl Chicaiza, acogidos a un plan de «cooperación eficaz».
El documento que ha presentado Balda indica que el ex jefe de la ya disuelta Secretaría Nacional de Inteligencia, comúnmente denominada Senain, pidió asilo en España el 18 de junio de 2018, apelando a «protección internacional en la persecución política que el actual gobierno de Lenín Moreno está llevando a cabo contra quienes se consideraban cercanos o leales al expresidente Correa».
Los dos mandatarios, antes aliados, mantienen desde hace dos años una acérrima rivalidad y Correa ha acusado a Moreno de lanzar una persecución política y judicial contra él y sus seguidores, amparado en una lucha sin cuartel contra la corrupción.
Según el documento presentado por Balda, las autoridades españolas, basándose en un estudio de la situación en Ecuador, consideran que en el país andino «no ha quedado establecida ni la existencia de una persecución ni de una problemática susceptible de protección conforme a lo prevenido en la Convención de Ginebra de 1951».
Y en consecuencia, consideran «desfavorable la concesión del estatus de refugiado», denegando asimismo «el derecho de asilo así como la protección subsidiaria».
La Justicia española, ante un requerimiento de Ecuador, autorizó el pasado enero la extradición del exdirector de la Senain, proceso que podría ahora materializarse si se confirma el rechazo al asilo.
Otra de las aristas del caso que se desprende del documento español, es que Romero Quezada, en sus declaraciones a las autoridades españolas, inculpó aparentemente del secuestro de Balda al ex ministro del Interior José Serrano.
«El responsable de todos los hechos es el antiguo ministro del Interior, asambleísta en la actualidad», dice el texto del artículo en el capítulo de «Antecedentes de hecho».
El pasado día 11, basándose en una grabación difundida por un medio local, Balda presentó una denuncia contra Serrano «por la implicación que pudo haber tenido durante los hechos y después del secuestro en Colombia».
En la grabación se oye supuestamente a Serrano hablando con el ex agente Chicaiza, quien le pide «apoyo económico» para él y Falcón con el supuesto fin de eludir cualquier proceso judicial. EFE