Un grupo de asaltantes irrumpió la pasada madrugada en la sede de la Contraloría General del Estado en Quito donde provocaron destrozos, tras lo cual la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura anunciaron que suspendían sus actividades este martes.
El contralor en funciones, Pablo Celi, censuró en un vídeo y en un documento dirigido a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, lo ocurrido, que achaca a «una banda organizada, con la clara intención de sustraer y destruir documentos que sustentan responsabilidades civiles y penales, e investigaciones en marcha».
El cargo del Estado asegura tener conocimiento de que en el asalto no participaron miembros de la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador (Conaie) o de organizaciones sociales, sino «elementos profesionales, expertos en la caotización, la subversión del orden público y la intimidación social».
Y va más lejos al señalar que este tipo de acciones de sabotaje contra instituciones del Estado «pondrían en evidencia que en el país está en marcha un proceso conspirativo para atentar y destruir el ordenamiento democrático».
El asalto se produce en el contexto de los disturbios y protestas que se suceden en el país desde el pasado jueves, cuando inició un paro de transportistas en rechazo a las recientes medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo de Lenín Moreno, entre las que figuran la eliminación de los subsidios a los carburantes.
Está previsto que mañana, miércoles, tenga lugar una gran movilización a nivel nacional y con epicentro en la capital, Quito, donde miles de indígenas y de otros grupos sociales tienen previsto marchar hacia la sede de Gobierno, el Palacio de Carondelet.
El presidente Moreno se encuentra desde el lunes en Guayaquil, a donde ha trasladado su gobierno como medida de precaución.
El contralor llamó hoy a la sociedad, en su conjunto, a «mantenerse unida y dispuesta a defender el orden público, los derechos sociales y la institucionalidad democrática».
El presidente ecuatoriano censuró anoche en un mensaje a la nación que elementos del anterior Gobierno de Rafael Correa buscan desestabilizar el país en un «intento de golpe de Estado».
Moreno agregó que hay «individuos externos pagados y organizados» para utilizar la movilización de los indígenas con fines de saqueo y desestabilización.
Estaba previsto que este martes tuviera lugar una audiencia preparatoria de juicio en el denominado caso «Sobornos 2012-2016» en la Corte Nacional de Justicia.
La vista, que ha sido aplazada debido a la situación de inseguridad, iba a dilucidar si finalmente Rafael Correa, el excivcepresidente Jorge Glas, y más de una veintena de procesados, se sentarán en el banquillo de los acusados por haber participado en una trama por la que se adjudicaron obras públicas a cambio de sobornos. EFE