La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) ha remitido a la Corte Nacional de Ecuador, a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo un informe sobre los numerosos ataques a periodistas y medios de comunicación que se produjeron en la reciente ola de violencia a principios de mes.
El informe es una recopilación de casos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación ocurridas en las protestas entre el 03 y 14 de octubre, en los que se registraron más de 130 agresiones a medios y representantes de medios, una cifra sin precedentes en el país.
«El propósito fundamental es que se genere una exhaustiva investigación de los hechos y una judicialización si algún caso lo amerita», indica un comunicado de la ONG ecuatoriana Fundamedios.
La ola de protestas estalló a raíz de un decreto presidencial que suspendía los subsidios a la gasolina y elevaba el precio del transporte.
Entre las agresiones más graves estuvieron la que sufrió el periodista de Teleamazonas, Freddy Paredes, quien recibió una pedrada en la cabeza por detrás, o los ataques con cócteles Molotov con que incendiaron las instalaciones de Teleamazonas y el allanamiento al diario El Comercio.
Pero también hubo hostigamiento a reporteros de medios locales durante las coberturas de las manifestaciones y el secuestro de una treintena de periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura, donde se concentraba el movimiento indígena.
En el marco de los violentos sucesos del paro nacional, la organización recopiló información sobre 116 actos violentos contra la prensa y 138 periodistas agredidos.
Alrededor de un 30 por ciento de esas agresiones y violaciones a la libertad de prensa provinieron de parte de las fuerzas del orden, y un 70 por ciento de los distintos grupos de manifestantes.
Para Fundamedios estos ataques deben ser investigados y «no pueden quedar impunes».
Y destaca que «incluso el artículo 183 del Código Integral Penal sobre libertad de expresión señala que ‘La persona que, por medios violentos, coarte el derecho a la libertad de expresión, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años'».
En esa línea, la ONG ha expresado a los organismos judiciales la voluntad y apertura a realizar una veeduría de estos procesos y cooperar para la resolución de los mismos, subraya la nota de prensa.
Todo ello con el objetivo de romper el círculo de impunidad que ha rodeado a la prensa durante los últimos 12 años, indica Fundamedios alusión también a la represión de la libertad de expresión que sufrieron los medios privados durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2007), que los denominaba la «prensa corrupta».
En once días de violentas manifestaciones murieron al menos seis personas y más de 1.340 resultaron heridas.
La ola de violencia fue sofocada en un proceso mediado por la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en el que Moreno derogó el decreto y abrió mesas de diálogo con los diferentes sectores sociales. EFE