Guayaquil, Ecuador
El proyecto tiene 202 páginas incluyendo la exposición de motivos. 404 artículos, un poquito menos que el Código Orgánico General de Procesos y algunos mas que el Código Administrativo. Tiene, por ende, casi el tamaño de un código. Y se espera que se lo debata y apruebe en 30 días, que vencen el próximo 17 de noviembre.
Difícil tarea. El proyecto reforma un sinnúmero de leyes, entre ellas las de Régimen Tributario y el Código Monetario, que es necesario reformar, pero también reforma las de Contratación Publica, Telecomunicaciones, Código Orgánico de la Producción, Minería, Aviación Civil, Universidades, y otras que no es tan necesario modificar. O al menos, no tan urgente. Por tanto, enviar un proyecto de semejante tamaño y variedad a la Asamblea es casi un desafío.
Solamente porque buena parte del país está consciente de la necesidad de reformar impostergablemente algunos temas, como el anticipo de impuesto a la renta, por ejemplo, es que la oposición al proyecto no ha subido de tono. Parece que el gobierno tuviera cierta desesperación en cambiar un montón de leyes de golpe y porrazo.
A veces da ganas de hacerlo dado que la Asamblea demora muchísimo la aprobación de leyes que es necesario adecuar a los tiempos. Pero no se puede cometer el error político de enviar un proyecto de esta naturaleza y esperar que pase por el ministerio de la ley. Si la ley pasa por el transcurso de los días, es muy probable que la Corte Constitucional, demanda de por medio, la tumbe luego. Y el esfuerzo habrá servido de poco.
Yo pienso que el Gobierno tiene que llegar a un consenso con la legislatura, y dejar solamente algunos aspectos de la reforma tributaria y de las reformas al Código Monetario. Y tal vez una que otra cosa mas. Porque todo lo demás puede ser enviado como proyectos autónomos de reformas a las diferentes leyes par que se tramiten por la vía ordinaria. Y dejar que se discutan tranquilamente las reformas al Código de Finanzas Publicas, a la Ley de Minas, a las reformas a la ley de cierre de la crisis bancaria, a la de Aviación y al resto.
Hay, por ejemplo, una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior que parece hecha a mano con algún objeto, y que nada tiene que ver con la “urgencia económica” y que apunta a que las universidades puedan realizar programas conjuntos con las universidades extranjeras solamente si estuvieran “acreditadas”. Y resulta que la acreditación se obtiene solamente luego de que se haya graduado una primera promoción, es decir luego de cuatro años como mínimo. Es decir que una universidad nueva que quiere hacer un programa con la Universidad de Harvard, no puede en virtud de este artículo. ¿Qué de urgente tiene esto? A lo mejor es urgente para alguien, pero no para el país.
Y tampoco es “de urgencia económica” esta reforma. Por ende, si el Gobierno quiere que su reforma goce de buena salud, tiene que llegar al consenso con la Asamblea de dejar la fibra y eliminar la grasa. De lo contrario, podrá tener un triunfo pírrico de corta duración, producto de la dificultad legislativa de leer semejante vademécum en tan corto tiempo. Pero habrá hipotecado la posibilidad de que se aprueben ciertas reformas que, esas si, son urgentes para la economía del país.
La necesidad de reformar en una sola ley varios cuerpos normativos no es nueva. El año 2000 la llamada “Trole 1” expedida con motivo de la entonces reciente dolarización modifico la ley de Régimen Monetario, la de Instituciones Financieras y otras de similar naturaleza, pues existía una reforma principal, cual era la de Régimen Monetario, pero al mismo tiempo había que modificar otras leyes como consecuencia de las reformas a la primera.
Pero una cosa es reformar las leyes afines y otra aprovechar la coyuntura y meter, además de las reformas tributarias, otras a leyes que bien pueden ser tratadas ordinariamente. Siempre hay la tentación de aprovechar las leyes urgentes porque si no la Asamblea no trata las otras nunca. Pero en este caso, se está cometiendo un error: se va a sacrificar una positiva y necesaria reforma por el deseo de introducir otros cambios que no son de vital importancia, amén de las objeciones de inconstitucionalidad que siempre se le pueden hacer a estas normas obesas que tratan de diversas materias.