
Miles de sandinistas y trabajadores del Estado marcharon este sábado en Managua a favor de las políticas del Gobierno del presidente Daniel Ortega y en contra de lo que consideran un «golpe de Estado» contra Evo Morales, quien el domingo pasado renunció a la Presidencia de Bolivia.
Los sandinistas marcharon a favor de «vivir en una patria digna, libre, soberana, trabajadora que quiere vivir en paz», en medio de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde hace 19 meses, según la convocatoria del Ejecutivo nicaragüense.
La manifestación, que partió de la Avenida Universitaria y finalizó en el Paseo de los Estudiantes, en el antiguo centro de Managua, también fue en solidaridad con Morales y Bolivia.
Durante la marcha sandinista, que tuvo como lema «Todos tenemos derechos, somos millones, Patria Grande», los participantes abogaron por la unidad latinoamericana para resistir a lo que consideran una histórica injerencia de Estados Unidos en la región.
El legislador sandinista Carlos Emilio López dijo a medios oficiales que el «golpe de Estado» en Bolivia fue un «acto de racismo contra los pueblos originarios y afrodescendientes de Bolivia y América Latina».
«Vemos claramente la exclusión manifestada en ese golpe de Estado, cómo han atentado en contra de los derechos de los trabajadores, las mujeres indígenas, pueblo que fue prioridad para Evo y hoy quieren oprimir», señaló.
Explicó que los sandinistas caminaron este sábado en apoyo a Morales y sus seguidores en Bolivia y en demanda de que «ese golpe de Estado sea desmontado, desarticulado y que Evo regrese a su país».
Ni el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ni su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, acudieron a la manifestación que transcurrió en un ambiente festivo, con música testimoniales y en la que los participantes cargaron banderas del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y de Bolivia, y gritaron consignas a favor de Ortega y Morales.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 651 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 y denuncia un intento de golpe de Estado. EFE (I)
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