Un día después de que la Asamblea Nacional tumbara la «Ley para el Crecimiento Económico«, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, pidió «responsabilidad» para superar un «problema estructural» en Ecuador: «el déficit fiscal crónico».
Así lo solicitó el ministro en una comparecencia este lunes ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, en la que se sorprendió por la decisión de los legisladores de tumbar su proyecto.
Martínez señaló que «en el país hay un problema estructural que tiene que ser resuelto: el déficit fiscal crónico», y pidió «una discusión seria y responsable en el seno de la Asamblea para dar alternativas reales».
La comparecencia tiene lugar un día después de que el proyecto fuera rechazado, dejando patente la debilidad del Gobierno de Lenín Moreno a la hora de reestructurar las finanzas del país, exigencia que le planteó el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de concederle en mayo una línea de crédito.
El pasado 13 de agosto, tras una ola de disturbios sin precedentes en el país, Moreno también accedió a derogar un decreto por el que eliminaba el subsidio al precio de los combustibles, con lo que pensaba incrementar la recaudación en unos 1.500 millones de dólares.
Martínez señaló que uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo es la reducción del déficit fiscal y para ello se debe contar con fuentes de recursos.
Por lo que cuestionó que la Asamblea Nacional haya negado la Ley para el Crecimiento Económico que «garantizaba unos 700 millones de dólares en ingresos al Estado con aportes de las personas y empresas que más tienen».
Se trata del proyecto enmendado tras la derogación del polémico decreto a raíz de las protestas, que dejaron una decena de muertos y más de 1.300 heridos.
La última negativa de la Asamblea, según un comunicado del ministerio de Finanzas, ha tenido «efectos en los mercados internacionales» y el Riesgo País se ha incrementado sobre «los 1.000 puntos», lo que pone más dificultades para obtener financiación en los mercados.
En relación a la propuesta de Presupuesto General del Estado para 2020, el secretario de Estado destacó que esta se sustenta en los pilares del «Plan de Prosperidad» relacionados con la Consolidación fiscal y estabilidad monetaria y con la igualdad de oportunidades y protección social.
Aseguró que la «Pro forma 2020» cumple con la Ley y con las reglas fiscales y contempla más de 2.100 millones de dólares en transferencias a la Seguridad Social, 382 millones de participación petrolera a los gobiernos locales amazónicos y cobertura total de gastos permanentes con ingresos permanentes.
Además, aseguró el cumplimiento de la exigencia constitucional de incremento del 0.5% tanto para el Sistema Nacional de Salud como para la Educación Inicial, Básica y Bachillerato, sectores que recibirán más de 1.110 millones de dólares adicionales.
Tras la anulación del decreto de los subsidios en octubre y, ahora, de la Ley de crecimiento económico, el Gobierno ecuatoriano se encuentra en un completo bloqueo para poder cumplir sus compromisos frente a entidades internacionales que le habían prometido más de 10.200 millones de dólares en cómodos créditos.
En estas circunstancias, dos ministros del Ejecutivo ecuatoriano hasta han llegado a sugerir este lunes la posibilidad de que se produzca un adelanto electoral.
«El anticipo de elecciones es claro y evidente, y la falta de compromiso con el Ecuador también«, afirmó el titular de la Cartera de Medioambiente, Raúl Ledesma, en el marco del XIV Encuentro anual de minería, energía y petróleo, desarrollado en un hotel de Quito.
Por su parte, interpelado sobre un posible adelanto de elecciones, el dimisionario ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, reconoció que «siempre se analizan este tipo de cosas» y que en todo caso, «es una decisión del presidente de la República», Lenín Moreno.
Con todo, no descartó «el aspecto de la muerte cruzada, donde el presidente puede legislar por seis meses antes de las nuevas elecciones».
Pérez aludía a una figura jurídico-política que recoge la Constitución (2008) y que consiste en la facultad del poder ejecutivo de disolver el poder legislativo en ciertos casos, con la obligatoriedad para el órgano electoral de convocar a elecciones tanto para renovar el poder legislativo como el mismo ejecutivo.
«Son todas cosas que están en el radar por ahora, pero no ha habido una nueva decisión y eso le corresponde al señor presidente de la República», insistió el titular de Energía, que ha solicitado su salida del cargo por razones personales. EFE