El 86% los femicidios judicializados en Ecuador acabaron con sentencia condenatoria, delitos que representan el 36% de la causa de muertes violentas de mujeres en el país, indica el primer boletín criminológico elaborado sobre la materia.
«El 86 por ciento tuvieron una sentencia condenatoria y el 82 por ciento de todas ellas se sancionaron con el máximo de la pena, algunos hasta 40 años de cárcel en casos particulares con agravantes», explicó este lunes a Efe la directora de Política Criminal de la Fiscalía, Ximena Coello.
En una entrevista con Efe, la responsable ofreció detalles del primer documento oficial sobre femicidios en el país, de reciente publicación y que ha elaborado el órgano fiscal en conjunción con otras instituciones y que mide la incidencia del fenómeno desde que en 2014 se tipificó el femicidio como delito en el entonces nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Hasta la fecha las estadísticas sobre el asesinato de mujeres por el hecho de serlo o por una relación de poder con sus victimarios, eran recogidas principalmente por el aparato judicial y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), pero ahora la Fiscalía General ha analizado los datos y puesto en común variables para poder determinar con mayor exactitud las causas, circunstancias y favorecer la generación de políticas públicas.
El análisis data de agosto de 2014 hasta el 31 de mayo de 2019, si bien Coello indica que habría que sumar otra veintena de casos de muertes por violencia machista en el país registrados en meses recientes.
Entre los más relevantes hasta la fecha de corte, figura que han ocurrido 935 muertes violentas de mujeres de las que «el 36 por ciento son femicidios», y que hay provincias más violentas que otras y no necesariamente por su alta densidad de población.
Así, las provincias de Pichincha (donde se ubica Quito), Guayas (con Guayaquil) y Manabí son las que reportan una mayor incidencia e los casos, con 65, 60 y 37 casos, respectivamente.
Sin embargo, un ránking por ciudades con mayor número de casos incluye a Loja, en el sur del país andino, «que no contempla cifras alarmantes de criminalidad en general», subraya Coello.
«Nos llama la atención que el 65,4 por ciento de las mujeres muertas en el marco de este delito tenía entre 15 y los 34 años de edad», añade la responsable de la Fiscalía, de las que la mayoría eran madres, estudiantes o amas de casa.
El denominador común de este tipo de muertes es que las víctimas generalmente no tenían ingresos económicos, lo que según la responsable, «va de la mano del análisis de los círculos de violencia y dependencia económica con el agresor».
Especial preocupación despierta el hecho de que los agresores han dejado un elevado número de hijos huérfanos -el 69 por ciento de las víctimas eran madres- y que muchos de ellos se suicidaron.
«Hay que tomar en consideración los casos en los que el agresor se ha suicidado, en el 16 por ciento de las causas en las que el agresor afronta un proceso penal se suicida y se extingue la acción penal», destaca y llama la atención sobre la necesidad de protección a los hijos.
En ese sentido recuerda que el presidente, Lenín Moreno, mediante un decreto ofreció ayudas estatales en caso de una sentencia condenatoria y que habría que llevar a cabo un «análisis más profundo para todas víctimas indirectas en el caso de que no haya sentencia por extinción de la acción penal».
La tónica de este tipo de casos es que víctimas y victimarios mantienen algún tipo de parentesco ya que en el 71 por ciento de los casos los verdugos eran convivientes, cónyuges o parejas, y en el 23 por ciento eran exconvivientes, excónguyes o exparejas.
Apenas el 4,5 por ciento tenía una relación de poder con la víctima ajena a un lazo sentimental.
Y las circunstancias siguen siendo propias de violencia doméstica siendo la primera causa de muerte por arma blanca, la segunda por arma de fuego, «dato alarmante puesto que en Ecuador está prohibida la tenencia de armas», y la tercera por estrangulación. EFE