Una respuesta sobre las medidas cautelares solicitadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esperan recibir hoy cercanos de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien es procesada, junto a otras tres personas, por el delito de rebelión que habría ocurrido durante las protestas de octubre pasado.
Pabón, junto con el secretario de la Revolución Ciudadana (RC), Virgilio Hernández; y el dirigente de la RC, Christian G., llegaron ayer al Departamento de Criminalística, para una audiencia privada en la que se continuarían periciando dispositivos incautados por Fiscalía en varios allanamientos.
Según Priscila Pabón, hermana de la prefecta, este miércoles fue la fecha referencial que dio la CIDH para responder sobre las medidas cautelares solicitadas apenas se dictó la orden de prisión preventiva.
“Si las medidas cautelares son a favor tendríamos un instrumento más de defensa, un instrumento más que compruebe que estas son medidas injustas (prisión preventiva) para la prefecta”, dijo Priscila Pabón, al tiempo de explicar que solicitaron las medidas por seguridad, salud, y otros.
Pero desde el 14 de octubre que fue detenida la prefecta de Pichincha, junto a Christian G. y Pablo D., no solo continúa el tiempo de instrucción fiscal, que pasó de 90 a 120 días por la vinculación al proceso de Hernández, sino que también transcurre la licencia sin sueldo que solicitó a la Prefectura la defensa de Pabón.
La hermana de la prefecta confirmó que el 8 de diciembre se cumplen los 60 días de licencia sin remuneración que solicitaron, con el fin de evitar que Pabón pierda su cargo, el cual ganó legalmente con voto de más de 300 000 personas.
La defensa legal de la prefecta, sostiene su pariente, prevé solicitar las vacaciones a las que tiene derecho como funcionaria pública. Además, dijo, interpondrán una apelación habeas corpus que se les negó el 13 de noviembre, y recurrirán a un recurso que les queda para apelar la orden de prisión preventiva dispuesta desde el 15 de octubre. (I)