La Fiscalía ha reformulado los cargos de los que acusa a la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, al exasambleísta Virgilio Hernández, y al exfuncionario de la Prefectura Christian González, a los que sigue acusando del delito de rebelión, pero ahora en base al primer inciso del artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal: aquel que se levante en armas para derrocar al gobierno o dificultar el ejercicio de sus atribuciones.
Este delito se sanciona con prisión de siete a diez años.
Alrededor de las 12h30, se empezó a tratar sobre el pedido de revocatoria de la prisión preventiva en contra de los tres. La jueza Pavlova Guerra debe decidir si se cambia la medida cautelar para que los procesados puedan defenderse en libertad.
A las 18h30, la jueza Pavlova Guerra ha suspendido la audiencia, y ha anunciado que empezaba a deliberar para informar de su decisión a las 21h00.
Pabón, Hernández y González, militantes del correísmo, fueron capturados la madrugada del 13 de octubre de 2019, horas después que el Presidente Lenín Moreno derogó el decreto para la eliminación del subsidio de los combustibles, tras once días de violentas protestas en Quito y el resto del país.
Según la Fiscalía, Pabón, Hernández y González promovieron activamente las protestas violentas con el fin de lograr el derrocamiento de Moreno. Ellos niegan esa intención y aducen ser presos políticos.