El Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más informó este jueves de que un juez rechazó la acción constitucional presentada en contra de esa firma y del Estado ecuatoriano en un caso de presunto trato inhumano y de esclavitud, extendido durante años a cientos de trabajadores.
En un comunicado, denunció que esta decisión constituye «una nueva violación a los derechos humanos de los trabajadores de la compañía en tanto dificulta el acceso a la Justicia y a la tutela judicial oportuna y efectiva».
Y sostuvo que la decisión del juez perteneciente a la Unidad Judicial Contra la Violencia de la Mujer en Santo Domingo de los Tsachilas, «se deriva de una errada interpretación de la norma».
Ello, porque el juez manifiesta que el «se encuentra vedado de conocer acciones jurisdiccionales fuera de la competencia que en razón de territorio la Ley le otorga, es decir, fuera del lugar donde se origina el acto u omisión o donde se producen los efectos».
Además, refiere que la ubicación «escapa a la competencia que en razón de territorio posee este Juzgador».
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), patrocinadora legitimada por las víctimas e integrante del Comité de Solidaridad «Furukawa Nunca Más», apeló la decisión e insistió en la jurisdicción en la que inicialmente interpusimos la acción de protección.
Esto es en el domicilio principal de la empresa ubicado en la ciudad de Santo Domingo donde, por casi 57 años, se han tomado todas las decisiones «que han originado la situación de servidumbre de la gleba que ha existido en los campamentos ubicados en las tres provincias donde se ubican sus haciendas: Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas».
María Fernanda Poveda, abogada de CEDHU, indicó a Efe que a la espera de un resultado a la apelación, analizan «todas las vías» que permitan asegurar los derechos de los trabajadores quienes siguen en «total indefensión frente al poder de la empresa y omisión del Gobierno».
El caso Furukawa fue revelado en febrero por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, que clasificó a este como un «grave caso de esclavitud moderna» y afecta al menos a 450 obreros y sus familias, quienes viven en condiciones deplorables en plantaciones bajo la propiedad de la empresa japonesa.
El pasado 20 de diciembre, un grupo de expertos de Naciones Unidas sobre afrodescendientes presentó en Ecuador un informe preliminar sobre la situación de la población afrodescendiente en el país.
En ese contexto pidió al Estado el cierre de Furukawa y también instó a que se ayude a los trabajadores afectados con becas de estudio, acceso total a salud, vivienda y mercado formal de trabajo, entre otras peticiones. EFE (I)