La Justicia de Ecuador solicitó este lunes al Poder Judicial de Perú que reconsidere una decisión tomada el pasado 19 de diciembre que declaró «improcedente» la extradición del exministro ecuatoriano Ramiro González, acusado en su país de tráfico de influencias y defraudación tributaria.
Según el expediente electrónico del Poder Judicial peruano, este lunes se presentó una copia de un documento emitido por el presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador «mediante la cual solicita se reconsidere la negativa» contenida en la resolución del 19 de diciembre pasado.
Un representante de la embajada de Ecuador en Lima también solicitó este lunes «reconsiderar la resolución consultiva» de la Justicia peruana.
Por otra parte, la defensa de González pidió la devolución de sus documentos personales, como pasaporte y cédula de ciudadanía, para lo cual se aceptó emitir la constancia correspondiente.
DECISIÓN DE LA JUSTICIA PERUANA
La decisión del Poder Judicial peruano, que fue tomada el pasado 19 de diciembre y notificada a las partes el 30 de diciembre, declaró «improcedente la extradición pasiva» de González y estableció dejar sin efecto las medidas de «aseguramiento personal dispuestas» en su contra el 18 de julio de 2019.
Entre los motivos para denegar la solicitud, se indicó que la defensa de Ecuador no estableció claramente que el delito no había prescrito, un punto fundamental en el tratado de extradición suscrito entre ambos países en 2001.
En esa línea, se señaló que en la solicitud formal de extradición «solo se transcribió» un artículo del código penal pertinente «pero no se realizó análisis alguno en relación con el caso concreto sobre la vigencia de la acción penal».
Agregó que ello cobró «relevancia porque el abogado de la defensa, mediante múltiples escritos y en las audiencias» del caso «sostuvo que el delito habría prescrito antes de que se inicie el proceso con la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal».
EXMINISTRO DE CORREA EN LIMA
González, quien fue ministro de Industrias y Productividad entre 2013 y 2015, durante el Gobierno de Rafael Correa, fue capturado el 10 de abril de 2019 en una calle del distrito limeño de Miraflores por la Policía Internacional (Interpol), en cumplimiento de un pedido de detención emitido en su país.
En su país, es investigado por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias mientras ejerció el cargo de presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) entre 2008 y 2013.
Además se le acusa de defraudación tributaria, al presuntamente solo haber justificado ingresos por 360.000 dólares cuando recibió 2,2 millones de dólares, según dijo el año pasado la entonces ministra ecuatoriana del Interior, María Paula Romo.
El exministro, de 61 años, estaba prófugo desde 2017 cuando la Fiscalía y la Policía ecuatorianas allanaron sus inmuebles y detuvieron por unas horas a su esposa, a raíz de la investigación por presunta defraudación entre 2012 y 2016. EFE