Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador
El Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Nacional siguen siendo del ex presidente. Dos instituciones fundamentales para que los actos de corrupción sean sancionados luego de haberse cumplido el debido proceso y el derecho a la defensa.
Es que entre los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) están los de designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por el Presidente de la República. Designar la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura. Es decir, aquellas autoridades que deben hacerle seguimiento a todos los actos de corrupción, que por alguna extraña razón, en su mayoría, todavía no son sancionados.
El CPCCS fue creado en Ecuador, al igual que en el socialismo del siglo XXI de Venezuela, para elegir a dedo a las autoridades que deberían controlar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. En democracias robustas estas autoridades de control son designadas por el congreso nacional. No por siete personas.
La Corte Nacional de Justicia, en cambio, es el tribunal máximo de justicia ordinaria y el más alto órgano jurisdiccional de la función judicial. Por eso es vital que el concurso que deberá llevar a cabo el Consejo de la Judicatura para llenar las vacantes que se produjeron por quienes no superaron la evaluación sea un verdadero concurso, ejemplo de transparencia.
Personas afines al correismo se han encargado que estas dos instituciones cuenten con ciertos funcionarios que eviten que avancen los procesos en los que hay fuertes indicios de responsabilidad.
La lucha contra la corrupción y a favor de la democracia es lo que está en juego.