Una delegación de seis personas que dicen representar a la sociedad civil ecuatoriana se reunió con representantes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y varios relatores de Naciones Unidas para denunciar una supuesta persecución a miembros de la oposición correísta y otros actores políticos de Ecuador.
Según señaló hoy en entrevista con Efe uno de los miembros de la delegación, el español Manel García, la delegación fue recibida el jueves por las instancias de la ONU en materia de derechos humanos para denunciar lo que ellos describen como «el creciente deterioro de las instituciones y las violaciones a las libertades fundamentales en Ecuador».
«Se han producido violaciones en el marco de las protestas de octubre, pero también desde la llegada al poder del presidente Lenín Moreno en 2017», destacó otro miembro de la delegación, el profesor español Fernando Casado, un activista del correísmo que fue destituido de su cargo en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de Quito, al que había llegado durante el gobierno de Correa, tras emitir reiteradas críticas al Gobierno de Lenín Moreno.
En el encuentro participaron Oswaldo Ruiz, Pauline Ogier, Gina Donoso y Teresa Silva, todos ellos ecuatorianos pero residentes en el extranjero, así como los españoles Manel García y Fernando Casado.
Según Casado, la situación en el Ecuador «podría ser considerada como un delito de lesa humanidad«, y él y García afirmaron que si bien los supuestos abusos de las autoridades ecuatorianas fueron especialmente denunciados durante las protestas de octubre, se remontan a fechas anteriores y continúan en la actualidad.
Los activistas pusieron el ejemplo del acoso a Paola Pabón, ganadora en 2019 de las elecciones a la prefectura de Pichincha, que afronta un proceso por haber supuestamente instigado la violencia durante las protestas indígenas de octubre.
También han hablado de un supuesto acoso a activistas indígenas, que fueron actores clave en las protestas iniciadas el pasado octubre por los planes de retirada de los subsidios a los combustibles, o las supuestas amenazas de muerte y otras presiones contra el defensor del pueblo, Freddy Carrión.
Según la delegación, los responsables de Naciones Unidas se comprometieron a realizar un seguimiento de estas denuncias y se mostraron preocupados de que esta situación se prolongue en un año clave como es 2020, de «precampaña» hacia las elecciones presidenciales de abril de 2021.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, dirigida por la alta comisionada Michelle Bachelet, envió a finales del pasado año una misión a Ecuador para investigar las denuncias de abusos durante las protestas de octubre, pero según la delegación las autoridades ecuatorianas han hecho caso omiso a sus recomendaciones.
«La visita fue muy positiva, pero no han cesado las amenazas contra instituciones o la persecución política sistemática y generalizada», subrayó Casado.
La delegación representa a una Red Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, de la que es secretario general el español Manel García, que aglutina 185 colectivos.
Fue recibida por las relatorías de detención arbitaria; defensores de los derechos humanos; salud, reunión y asociación pacífica y libertad de expresión, además de por representantes de la mencionada Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
- Con reportes de EFE