El expresidente Rafael Correa, que se encuentra prófugo tras dos órdenes de prisión preventiva dictadas en su contra por jueces ecuatorianos, se siente traicionado por el vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, y los abogados de Podemos tras la entrega a la Justicia ecuatoriana, por parte de la española, del exsecretario de la SENAIN, Pablo Romero, según ha comentado a los colaboradores que le acompañan este fin de semana en un acto político en Cancún (México), citados por el sitio español OkDiario.
Romero Quezada, acusado por la Fiscalía de haber ordenado el secuestro en Colombia, del entonces asambleísta suplente Fernando Balda, en 2012, fue detenido en Madrid en junio de 2018 tras huir de la Justicia ecuatoriana, que había dictado una orden de busca y captura internacional. La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había aprobado en dos ocasiones su extradición y estaba a la espera de la aprobación del Consejo de Ministros. El Gobierno de Pedro Sánchez e Iglesias decretó el 4 de febrero su extradición a Ecuador, después de que el Ministerio del Interior rechazara su solicitud de Asilo.
Según las mismas fuentes del entorno de Correa, citadas por el periodista español Manuel Cerdán, en el sitio OkDiario, Pablo Iglesias no ha cumplido el pacto que había suscrito con él en junio de 2019 cuando la Audiencia Nacional ya había decretado su extradición a Ecuador. El dirigente de Podemos le habría asegurado que paralizarían su expulsión por medio de la solicitud de asilo y que el nuevo Gobierno de Sánchez lo asumiría, según afirma OkDiario, sin citar fuentes, aunque ha tenido acceso a los seguimientos de la policía española a Romero durante su estancia en Madrid.
Según OkDiario, Correa ha comentado en Cancún que existen pruebas para demostrar que Iglesias le dio su palabra para frenar la extradición de Pablo Romero. También ha dicho que esos rastros documentales pueden ver la luz en cualquier momento. OkDiario dice haber preguntado a su fuente si Correa había hablado por teléfono con Iglesias para transmitirle sus quejas tras la entrega de Romero, pero la fuente se negó a contestar.
Pablo Romero Quezada, exsecretario nacional de Inteligencia durante el régimen de Correa, ha sido acusado por la Fiscalía de haber ordenado el secuestro en Colombia, en 2012, del exasambleísta suplente Fernando Balda, ejecutado por delincuentes colombianos contratados por dos agentes de la SENAIN, Raúl Chicaiza, y Laura Falcón. Tanto los colombianos como Chicaiza y Falcón han sido ya procesados por la justicia, han reconocido su crimen y están condenados.
Balda se encontraba prófugo en Colombia, después que un juez ordenó su captura, acusado de injurias contra Correa, por decir que estaba usando a la SENAIN para espiar a periodistas y opositores políticos.
En el proceso, Chicaiza confesó que ejecutó el secuestro por orden directa de Pablo Romero, quien le dijo a su vez que el hecho había sido ordenado por el entonces Presidente de la República, Rafael Correa. Chicaiza ha dicho también que Romero le puso al teléfono al propio Correa para que le dé instrucciones.
La jueza Daniella Camacho ha dictado orden de prisión provisional en contra de Correa por ese caso. El proceso se ha paralizado, tras la condena de Chicaiza y Falcón, hasta que Pablo Romero y Rafael Correa, ambos prófugos, sean capturados. La extradición de Romero hará que el juicio se active en su contra, y deberá declarar si él ordenó el secuestro de Balda por su propia cuenta, o si cumplía órdenes del Presidente.
Según OkDiario, que cita a un periodista ecuatoriano al que no identifica, Correa ya se ha puesto en contacto con los familiares de Romero Quezada para que le hagan llegar el siguiente mensaje: “El próximo año habrán elecciones y puedo ganarlas. Aguanta que ya te sacaré yo de la cárcel con todas las garantías y honores”.
Correa fundamenta su creencia de que fue traicionado por Podemos en el hecho de que el Consejo de Ministros aprobó la extradición el 4 de febrero y que él no se enteró de esa decisión hasta el 13 del mismo mes. En ese día, el Ministerio del Interior rechazaba definitivamente la solicitud de asilo, lo que dejaba expedita la vía de la extradición.