El Ecuador enfrenta una situación económica de extrema gravedad. La expansión del coronavirus está llevando a una recesión global que está secando el ingreso de divisas a nuestro país. Las exportaciones no petroleras se contraen al ritmo de la caída de la demanda mundial, el desplome del precio del petróleo sacude las finanzas públicas y dispara el riesgo país, el turismo y algunos servicios se han parado. Los países vecinos se ajustan a este severo deterioro con depreciaciones de sus monedas. Entretanto, el dólar se fortalece más mientras mayor es el nerviosismo global. El impacto adverso se amplifica en nuestro caso porque recae sobre una economía que, por la irresponsabilidad de la anterior administración, carece de ahorros.
El gobierno adolece de una aguda escasez de dólares y un enorme déficit, sin acceso a nuevos créditos. Lo poco que dispone debe dedicarlo a mantener el funcionamiento básico de los servicios públicos, especialmente en el área de la salud. No está en capacidad de asistir a la economía expandiendo el gasto público o reduciendo impuestos. La empresa privada, que ya tenía enormes dificultades para competir en el exterior, ahora confronta una brutal contracción de la demanda como consecuencia de las medidas para prevenir la expansión del coronavirus. La cesación temporal de una parte importante de la actividad económica nacional (y mundial), y por tanto del empleo, parece inevitable, especialmente en los negocios que se nutren de la interacción física entre personas (hotelería, servicios de entretenimiento, restaurantes, centros comerciales, transporte, etc.).
Estas circunstancias extraordinarias exigen respuestas extraordinarias. El paquete de medidas recientemente anunciado por el gobierno ayuda a aliviar transitoriamente su problema de caja, pero es claramente insuficiente. Para enfrentar la gravedad de la situación protegiendo la dolarización se hace necesaria una tregua política. Concretamente, es imperioso que la Asamblea y la sociedad otorguen al gobierno facultades excepcionales para que pueda actuar con la celeridad del caso en aras del interés nacional y esté en capacidad de adoptar respuestas con la intensidad y velocidad que los problemas demandan, a cambio de lo cual el gobierno debe comprometerse a actuar con transparencia y someterse a una apropiada rendición de cuentas.
Dada la escuálida situación fiscal y de balanza de pagos, es indispensable que el gobierno cuente con el apoyo decidido de instituciones multilaterales (el FMI, Banco Mundial, BID, CAF, OMS, etc.). Ello permitiría mantener un flujo mínimo de dólares hacia el país (indispensable para la dolarización) y fortalecería con el aval internacional las acciones gubernamentales para evitar daños mayores en los sectores más vulnerables.
Las acciones de emergencia hay que diseñarlas, en la medida de lo posible, con miras a que sus beneficios sean permanentes, ya que la debilidad de la economía ecuatoriana no se explica solamente por el shock actual. Algunas de las medidas que creemos que se deberían incluir en un plan económico de emergencia se esbozan a continuación.
1. El gobierno debe contar con suficientes recursos para prestar servicios públicos básicos sin empeorar la situación de la actividad económica y el empleo. El esfuerzo fiscal, por tanto, debe poner el énfasis en la reducción del gasto corriente. Sugerimos, en particular, un recorte del gasto en nómina de $2.000 millones, el cual, dadas las circunstancias, en lugar de basarse en despidos masivos, debería hacerse vía una reducción inmediata del 20% en los sueldos y salarios de los empleados públicos, de manera semejante a lo que hicieron Grecia, Portugal, España, e Irlanda, países que, como Ecuador, no poseen moneda propia. Para el efecto, se puede invocar la cláusula de daño exorbitante y las correspondientes disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público, partiendo de una reducción del 20% en la remuneración del Presidente.
2. Con la grave situación actual, sería un absurdo que Ecuador mantenga precios artificialmente bajos para la gasolina y el diésel, subsidiando el contrabando. Recomendamos que se sustituya este nefasto subsidio general con uno directo al transporte público, a cambio de mejoras en la calidad del mismo. Ello permitiría ganancias sociales desde los puntos de vista ambiental, distributivo, fiscal y de eficiencia económica y protegería a la gran población de ingresos bajos que es la que más utiliza el transporte público. Simultáneamente el mercado nacional de combustibles debería abrirse a la competencia, llevando los precios de la gasolina y el diésel a niveles internacionales y eliminando el monopolio de refinación estatal. Las gasolineras quedarían en libertad de comprar el combustible al mejor postor y el Ministerio de Energía asumiría el papel de regulador para prevenir y castigar abusos al consumidor.
3. Es menester evitar el colapso de la actividad privada y, por tanto, del empleo. Ello requiere de un marco legal temporal que permita que los empleadores lleguen a acuerdos con sus empleados para evitar la quiebra de aquellas empresas que, pese a sus problemas actuales, son viables y, así, evitar la destrucción innecesaria de puestos de trabajo. Amparados por dicho marco, empleadores y empleados dispondrían de la más amplia gama de opciones para acomodar los acuerdos a la situación específica de cada empresa. El gobierno podría facilitar el proceso proveyendo servicios de mediación y arbitraje si las partes lo solicitan. Asimismo, la figura legal de responsabilidad limitada necesita estar en plena vigencia para que las empresas que ya no son viables entren en un proceso de bancarrota y liquidación ordenado y eficiente.
4. Sin duda alguna, la situación actual va a alterar la capacidad de pago de una significativa cantidad de deudores del sistema financiero. Por tanto, las autoridades económicas y financieras deben diseñar, en coordinación con bancos y cooperativas, medidas que alivien las obligaciones, permitan evitar un deterioro generalizado de la cartera y contribuyan a sostener la frágil economía ecuatoriana. Simultáneamente, se deberá cuidar la liquidez de la economía.
5. Para enfrentar choques externos como el actual, los países vecinos, controlando la inflación, dejan que sus monedas se deprecien, lo que encarece sus importaciones y promueve sus exportaciones. Esa no es una opción para un país dolarizado como Ecuador que, sin embargo, puede conseguir un efecto equivalente con un “fondo de compensación cambiaria entre privados”: un recargo temporal a las importaciones del sector privado que no se utilicen en los procesos locales de producción y esté destinado exclusivamente, a través de un fideicomiso, a una compensación de la misma magnitud a las exportaciones no minerales del sector privado. Para que sea ágil y transparente, este mecanismo debería ser administrado por una entidad público-privada y complementado por un fondo alimentado por préstamos de la banca multilateral de desarrollo. La gran ventaja de este esquema es que no resta liquidez al sector privado, al redistribuirse los recursos dentro del propio sector sin ir al fisco. Este mecanismo se reduciría o aumentaría en función de la evolución del tipo de cambio en los países vecinos.
6. Una vez terminada la emergencia deben entrar en vigor un grupo de reformas estructurales indispensables para que la economía recupere su dinamismo. La primera es una reforma laboral integral que favorezca la creación de empleo formal y encuentre un balance apropiado entre la eficiencia económica y la equidad social. La segunda es una amplia reforma tributaria que simplifique la estructura de impuestos y la haga más amigable al empleo y la inversión. En particular, sugerimos (i) la eliminación programada y gradual del ISD; (ii) la reducción de la tasa de impuesto a la renta corporativa a un nivel comparable al de los países con los que competimos, y (iii) la reducción inmediata de los aranceles a bienes necesarios para la producción nacional. Ello debería ser compensado por un aumento de la tasa del IVA, que no afecta los costos de producción y que le otorgaría al gobierno un margen para asistir directamente a las familias más vulnerables. A estas reformas se sumarían cambios al Código de Finanzas Públicas que establezcan reglas de manejo fiscal responsable y modificaciones al Código Monetario y Financiero para recuperar la autonomía del Banco Central y fortalecer el marco de regulación y supervisión financiera.
La situación actual y el bien común exigen respuestas rápidas y, lamentablemente, medidas duras, que demandan el esfuerzo de toda la sociedad. En un contexto tan delicado esperamos que los distintos sectores políticos representados en la Asamblea Nacional acompañen ese esfuerzo o permitan que el gobierno avance en las acciones sin verse entrampado en un bloqueo en el Legislativo.
Vicente Albornoz Guarderas
Jaime Carrera
Simón Cueva
Alberto Dahik
Augusto de la Torre
José Hidalgo Pallares
Patricio León
Abelardo Pachano
Mauricio Pozo
César Robalino
Walter Spurrier