Las exportaciones no petroleras ecuatorianas sufrirán pérdidas de al menos 1.200 millones de dólares este año como consecuencia de la pandemia del coronavirus, según cálculos de representantes del sector.
«El país dejaría de percibir entre 1.200 y 1.800 millones de dólares a lo largo del año, es decir, una pérdida de cien millones de dólares mensuales», señaló el presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano.
Una cifra que representantes de otros sectores exportadores temen que pueda alcanzar los 2.400 millones de dólares.
Por ello, y basado en proyecciones de lo ocurrido en marzo y abril pasados, subrayó que el año se perfila «con pérdidas (de) por lo menos el 10 por ciento, y podrían llegar al 15 por ciento, del total de lo facturado en enero-diciembre de 2019».
A esas pérdidas, han debido sumar la inversión hecha para implementar medidas de seguridad en el personal donde -aseguró-, por ahora no han incurrido en despidos.
Ecuador exportó en 2019 por valor de unos 22.000 millones de dólares, de los que el 39% correspondieron a exportaciones petroleras y derivados.
Entre sus otros principales rubros de exportación: banano, camarón, flores, cacao y pescado procesado.
SE NECESITAN AYUDAS PUBLICAS
Con un «muy mal 2020 y, sin duda, un mediocre 2021 donde la economía tampoco tendrá indicadores mayormente favorables», los empresarios esperan ayudas que permitan sostener su liquidez y los empleos, anotó.
«Lamentablemente lo que hemos visto es que desde el Ejecutivo y desde la Asamblea Nacional no se está a tono con esta situación sino, por el contrario, (…) se le dice a la empresas que tienen que aportar solidariamente», agregó.
En ese sentido recordó que Ecuador lleva cuarenta años de aportes solidarios «cada vez que sucede un fenómeno natural, una rotura de oleoducto» y que ante este tipo de situaciones «el Estado vira al ciudadano, cuando en el mundo entero el Estado es el que ayuda al ciudadano».
El presidente de la Cámara exigió por ello un «cambio de modelo» al considerar que el Gobierno no puede seguir exprimiendo al sector privado» de forma ilimitada.
«RESETEAR AL PAÍS»
Juan José Pons, representante del sector bananero, uno de los principales del país, comentó por su parte que no hay forma de que la dolarización -sistema que rige en Ecuador desde 2020- funcione sin dólares, que provienen de las exportaciones, inversiones, remesas y endeudamiento externo.
Recordando la caída de ingresos por la venta de petróleo -debido a la bajada del precio en el mercado internacional-, instó a alentar las ventas de productos alternativos.
«La exportación tiene que ser premiada, no castigada, promovida no atacada (…) como es cuando empiezan a poner impuestos», anotó al quejarse de que se mantenga «cuarenta años un sistema que no funcional», como es el tener aun un Código del Trabajo de 1938.
Por ello, opinó que se debe «resetear el país»: «No más impuestos, reforma laboral, menos tramitología, agresivo trabajo de comercio exterior en tratados de comercio».
Y una «diplomacia agresiva» frente a organismos internacionales para captar financiación, porque «no la vamos a obtener del mercado buitre de los fondos financieros».
OTRA LEY
Ecuador vive desde hace dos años una severa crisis de liquidez, y los gastos de la pandemia y el parón económico desde el 16 de marzo, solo han agravado los problemas y conducido a un mayor endeudamiento.
Ante esta situación, diez gremios pertenecientes a sectores de exportación se unieron para reclamar al Gobierno un giro en las políticas y medidas ante la crisis del COVID-19.
El detonante ha sido el envío del proyecto de «Ley de Apoyo Humanitario» por parte del Ejecutivo a la Asamblea Nacional, así como ciertas regulaciones que podrían facilitar los despidos y acrecentar la crisis social que se empieza a vivir en el país.
«Creemos que se está produciendo una enorme desconexión entre las fuerzas políticas y sus propuestas, con respecto a lo que la sociedad ecuatoriana y el país necesitan», advirtió Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería.
Los gremios de exportadores consideran que la ley impactaría directamente en la ya ahogada economía doméstica de miles de familias, «dado que el 79 % de la recaudación esperada, vendría de los trabajadores».
«El Gobierno y la Asamblea Nacional deben saber que los distintos impuestos que plantean por valor de hasta 500 millones de dólares se puede traducir en la pérdida de casi 170.000 puestos de trabajo», advirtieron los gremios. EFE