La Fundación para Libertad de Prensa (FLIP) denunció nuevos casos de espionaje del Ejército colombiano a periodistas, incluidos los venezolanos Ibéyise Pacheco y Alberto Ravell y el fotógrafo francés Damien Fellous, y pidió al Gobierno garantizar la vida e integridad de los reporteros.
Entre los afectados están el fotoperiodista Gerald Bermúdez, colaborador del medio digital Cuestión Pública; Javier Alexander Macías, del diario El Colombiano; Gustavo Rugeles, del portal El Expediente, y Julián Martínez, quien ha trabajado, entre otros, en Noticias Uno.
El listado lo completan periodistas de medios regionales como Sandra Paola Soto, Vivian Fernández y Miguel Mattus, además de dos reporteros que, según la FLIP, «o bien han preferido que su nombre no se haga público o no ha sido posible contactarlos».
Estos casos se conocen luego de que la revista Semana publicara el pasado 1 de mayo la investigación «Las carpetas secretas», según la cual integrantes del Ejército espiaron entre febrero y diciembre de 2019 a por lo menos 130 personas, incluidos periodistas colombianos y extranjeros, políticos, defensores de derechos humanos y hasta a funcionarios del alto Gobierno.
Entre las víctimas de seguimientos informáticos revelada por Semana están periodistas de medios estadounidenses como Nick Casey, de The New York Times; Juan Forero, del Wall Street Journal; John Otis, de la National Public Radio (NPR), la fotoperiodista Lynsey Addario y el fotógrafo Stephen Ferry.
MÁS DE 50 PERIODISTAS ESPIADOS
Con la revelación de los nuevos casos, surgida «de las investigaciones que se adelantan contra miembros de Inteligencia del Ejército Nacional», la FLIP advirtió que ya son 52 los periodistas que fueron espiados y llamó la atención sobre los indicios del «uso de tecnología invasiva para la realización de los ‘perfilamientos'».
«En la investigación hay oficios del Ejército en los que se hace mención a un sistema informático móvil para instalar aplicaciones en teléfonos Android o BlackBerry», señaló la Fundación.
En ese sentido detalló que con uno de esos planes, al que los militares denominaron «Proceso Operacional Troya», se «solicitaban herramientas de administración remota para hacer un rastreo continuo desde sitios web con el fin de obtener información de los afectados y estar al tanto de su localización».
«Esto controvierte seriamente los planteamientos iniciales sobre el uso exclusivo de fuentes abiertas en las acciones de perfilamiento militar a periodistas», añadió la FLIP.
INFORMACIÓN DE FAMILIARES Y FUENTES
El organismo que defiende la libertad de prensa aseguró que en algunos casos el «perfilamiento» de los periodistas incluyó información de familiares y fuentes, a quienes considera que la Justicia debe reconocer también como víctimas del espionaje militar.
«La FLIP advierte sobre los obstáculos para el reconocimiento de estas personas como víctimas dentro de las investigaciones en curso y hace un llamado especial a la Fiscalía para que garantice los derechos de las víctimas», agregó la información.
Asimismo manifestó que todavía no ha recibido una respuesta completa del Gobierno a los derechos de petición formulados por algunos de los afectados y que, por el contrario, con las respuestas parciales el Gobierno «evade responder preguntas fundamentales como la ubicación y entrega de las carpetas a los afectados», entre otros.
EL CASO EN LA JUSTICIA
Los detalles de la denuncia sobre espionaje han suscitado múltiples expresiones de rechazo y peticiones al Gobierno para que explique quién dio la orden de los seguimientos y castigue a los responsables.
En ese sentido, el pasado 2 de junio, la Corte Suprema de Justicia de Colombia anunció que abrió una indagación preliminar contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) como supuesto destinatario de la información recabada en el espionaje.
La Procuraduría colombiana (Ministerio Público) también llamó a juicio disciplinario el pasado 20 de mayo a dos generales, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales del Ejército.
En medio del escándalo, el Ministerio de Defensa ordenó el retiro del servicio de nueve oficiales del Ejército, aunque no reveló las razones de la decisión.
Además, la Fiscalía General anunció una citación a interrogatorio al general Nicacio Martínez, comandante del Ejército colombiano entre 2018 y 2019, periodo durante el que ocurrió el espionaje, y quien pasó a retiro alegando «motivos familiares» después de una gestión marcada por constantes denuncias de presunta falta de compromiso con los derechos humanos. EFE