Reforma fiscal y los 100 primeros minutos

Guillermo Avellán

Guayaquil, Ecuador

Previo a la propagación del COVID-19, la situación fiscal ya era insostenible. Entre 2009 y 2019, nuestro país acumuló once años consecutivos de déficits fiscales como consecuencia del excesivo gasto público. Dicho nivel de gasto provocó un agresivo endeudamiento, el cual pasó de 29 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2006 al 61 % en mayo de 2020. Antes de la pandemia, la deuda pública era impagable. El Gobierno debía pagar $37.130 millones en capital e intereses entre 2020 y 2023, lo cual representaba el 41 % de los ingresos del Gobierno Central durante el mismo periodo. Una misión imposible para un país con finanzas públicas mal administradas por más de una década.

El COVID-19 y el desplome de los precios del petróleo agudizaron y adelantaron una crisis inminente. Según estimaciones preliminares, los ingresos públicos podrían caer entre 31 % y 34 % respecto a la proforma de este año. Los ingresos petroleros caerían cerca del 50 %, mientras que los ingresos tributarios entre 20 % y 24 %. A pesar de una posible reducción del gasto público en $3.100 millones, que incluye el aplazamiento de $1.361 millones en intereses de los bonos soberanos, el déficit fiscal de este año pasaría de un monto inicial de $3.400 millones a más de $8.000 millones. Lo más preocupante es el efecto devastador de esta crisis en las familias pobres.

La magnitud de la crisis requiere soluciones profundas y no propuestas superficiales. Ecuador tiene graves problemas fiscales y de competitividad, los cuales deben abordarse de forma simultánea y con agilidad. El país necesita ordenar las finanzas públicas para solucionar los inconvenientes de competitividad de forma definitiva. Mientras el Estado no sea capaz de erradicar la ineficiencia y corrupción en sus gastos, los impuestos y la deuda pública continuarán aumentando y afectando la competitividad del país. El Gobierno tiene la oportunidad de acabar con este círculo perverso creado por el socialismo del siglo XXI.

Al proponer soluciones para esta crisis fiscal, es necesario pensar en la reducción de gastos pero también en el aumento de ingresos. El Gobierno debe ser cuidadoso en no afectar al sector productivo y a los trabajadores, los cuales se han visto seriamente golpeados por la situación actual. Por eso propongo al menos diez medidas que deberían ser parte de una reforma fiscal para superar la actual crisis. Estas políticas deben implementarse durante el actual y siguiente Gobierno. Algunas de estas medidas son de mediano y largo plazo debido a su relevancia para la economía.

Respecto a la reducción de gastos, el Gobierno debe realizar las siguientes cinco medidas: i) focalizar el subsidio a combustibles y liberalizar su importación y comercialización a nivel nacional; ii) eliminar el gasto innecesario en bienes y servicios, combatiendo la corrupción en las compras públicas; iii) remover la burocracia improductiva, a través de un ordenamiento del sector público con respaldo de organismos multilaterales; iv) renegociar las condiciones de la deuda con China y asegurar la reestructuración de la deuda soberana; y v) garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales aprobadas en las reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas.

En relación al aumento de ingresos, el Estado debe implementar al menos cinco medidas: i) gestionar un acceso excepcional con el Fondo Monetario Internacional por $8.000 millones; ii) realizar titularizaciones de flujos futuros de empresas del sector energético para generar liquidez; iii) concesionar al sector privado la administración de empresas e instituciones públicas ineficientes; iv) aprobar una reforma tributaria que elimine impuestos distorsivos y exoneraciones injustificadas; y v) atraer inversión privada para la exploración y explotación petrolera, que permita duplicar la producción de crudo en los próximos años.

A Ecuador le tomaría varios años salir de esta crisis, considerando un escenario pasivo del Gobierno. Por ello, la importancia de la agilidad y preparación a nivel gubernamental para enfrentar esta crisis. En este sentido, la propuesta de Guillermo Lasso acerca de presentar un conjunto de reformas durante los 100 primeros minutos del próximo Gobierno será necesaria ante la gravedad de la situación económica. Estas reformas deberán tener componentes económicos, institucionales y sociales que permitan reactivar la economía, generar empleo adecuado y aliviar las dificultades de las familias más pobres. Nuestro país no puede esperar más, ni tampoco improvisar. (O)

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