Indígenas de Ecuador presentan su «Minga por la vida», alternativa al FMI

Quito, 12 de noviembre de 2019. Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, comparece ante la comisión multipartidista que investiga las manifestaciones en la Asamblea Nacional. APIFOTO/ DANIEL MOLINEROS

Quito, 19 jul (EFE).- La Confederación de Nacionalidades de Indígenas del Ecuador (Conaie) presentó su proyecto «Minga por la vida«, una propuesta económica que se opone a las recetas neoliberales y que aparece como una iniciativa para «contrapoder» la estrategia de apego al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esta es una «respuesta ante un escenario de crisis extrema producida por las políticas neoliberales» aplicadas en las últimas décadas en el país y que han provocado una «crisis catastrófica sobre los trabajadores del campo y la ciudad», aseguró a Efe Apawki Castro, portavoz de la Conaie.

«Esperamos que esta propuesta sea un punto de debate con todos los sectores del país y la herramienta de unidad de la clase popular», aseguró Castro al indicar que el próximo 30 de julio se presentará esta propuesta de forma oficial.

La iniciativa ha sido elaborada por el llamado Parlamento de los Pueblos, que aglutina a la Conaie, el Frente Unitario de Trabajadores (la mayor central obrera del país) y otros colectivos barriales, estudiantiles, sanitarios, de maestros, ecologistas y feministas.

La «Minga», que significa trabajo voluntario en quichua, sugiere que la crisis económica que afecta al país la paguen los grupos poderosos, añadió el portavoz que no descarta que esta iniciativa desemboque como parte de un acuerdo electoral para las izquierdas, de cara a los comicios generales del próximo año.

Además, indicó que para el movimiento indígena esta propuesta es fundamental en un momento en que la pandemia del coronavirus ha sido aprovechada por el Gobierno del presidente Lenín Moreno para aplicar las recetas del FMI y de los grupos del poder económico del país.

Criticó el manejo gubernamental para afrontar la pandemia del coronavirus y sostuvo que incluso el distanciamiento físico ha sido difícil cumplir, ante la precarización del nivel de vida de la población y la desesperación de la gente humilde para acoplarse a la nueva realidad.

Alrededor de 1,37 millones de familias ecuatorianas viven en condiciones de hacinamiento y sin un acceso eficaz a los servicios sanitarios básicos, dijo Castro.

Según las autoridades ecuatorianas, la pandemia ha contagiado a más de 73.000 y provocado la muerte de más de 5.200 personas en el país, aunque la Conaie sugiere que existiría un abultado subregistro, que alteraría significativamente esas cifras.

Insistió en que deben ser los 270 grupos económicos más grandes que hay en el país los que deberían afrontar la crisis agravada por la pandemia y que por ello la Conaie sugiere la aplicación de un impuesto del 1 por ciento sobre los activos de dichos emporios.

Además de otro impuesto del 2 por ciento sobre las fortunas que superen el millón de dólares, gravámenes a las que hayan fugado a paraísos fiscales, cobrar las deudas tributarias a las grandes corporaciones y reducir el impuesto al valor añadido (IVA) del 12 al 10 por ciento en favor de las pequeñas y medianas empresas.

Recordó que la iniciativa se concretó como un proceso de reflexión y organización de varios grupos sociales del país en medio de las jornadas de protesta de octubre del año pasado, en oposición a unos ajustes económicos aplicados por el Gobierno bajo el acuerdo crediticio con el FMI.

Esos ajustes finalmente fueron retirados por el Ejecutivo ante la presión de las calles, recordó Castro.

El portavoz de la Conaie remarcó que de momento la única bandera izada por los sectores sociales es «la lucha contra el neoliberalismo» y por ello no descartó que en el futuro se produzcan nuevas movilizaciones si el Gobierno continúa aplicando las recetas del FMI.

Castro remarcó que, de momento, la Conaie está dedicada a «salvar vidas», ante el auge del coronavirus en el país que ha afectado gravemente al colectivo indígena y campesino, ante la que calificó como insuficiente atención estatal. EFE (I)

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