Más de un centenar de líderes católicos de 16 países de América, Europa y África emitieron este martes una declaración de apoyo a las comunidades indígenas de Ecuador, que demandaron al Estado y a varias petroleras por un derrame de crudo en abril pasado que contaminó los ríos amazónicos Napo y Coca.
«La Iglesia debe atender de forma primordial a las comunidades afectadas por daños socio-ambientales e incentivar a los Estados a que cumplan con sus obligaciones constitucionales sobre estos asuntos, incluyendo el derecho de acceso al agua», señalaron los religiosos en su declaración difundida este jueves en Quito.
El pronunciamiento, que fue coordinado por la Red Eclesial Panamazónica de Ecuador (Repam) y dos obispos ecuatorianos que también figuran como demandantes de la causa, ha sido suscrita por un cardenal, dos arzobispos, 42 obispos y decenas de otros religiosos.
En el carta difundida este jueves, ellos apoyan la solicitud de protección de los demandantes y exigen la reparación de los daños causados a la naturaleza por el derrame petrolero.
Además, señalan que su declaración será presentada al juez Jaime Oña Mayorga, que lleva la causa, como un informe de «amicus curiae», presentado voluntariamente por un tercero fuera del litigio.
El derrame referido ocurrió el pasado 7 de abril cuando un socavón de tierra causó la rotura del estatal Sistema de Oleoductos Transecuatorianos (SOTE) y el privado Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
Según los demandantes, la catástrofe dejó a 118.617 personas en situación vulnerable, en 22 parroquias rurales a lo largo de los ríos Coca y Napo, que provee a las comunidades vecinas de agua y alimento.
La demanda alega que el derrame de crudo se pudo prever, pues las instituciones estatales y la empresa OCP fueron alertadas por expertos sobre la inestabilidad de la zona, por su cercanía con el volcán activo Reventador y su alta actividad sísmica.
Además, las restricciones a la movilidad que rigen en el país desde marzo pasado por la pandemia del COVID-19, han limitado el acceso de dichas comunidades a provisiones externas.
Líderes indígenas han asegurado que la respuesta del Estado ante el derrame y sus efectos ha sido inadecuada y poco transparente.
Los líderes religiosos que firman la declaración representan a organizaciones católicas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, México, Costa Rica, Nicaragua, Estados Unidos, España, Alemania, Italia, República Democrática del Congo, Kenya y Burkina Faso. EFE