Quito, Ecuador
He estado buscando un criterio de clasificación de los diecinueve candidatos a la presidencia de la república para las elecciones de 2021. He encontrado tres: los hipócritas, los creyentes y los delincuentes. No es una clasificación perfecta, pues los miembros de una categoría pueden, de acuerdo con sus méritos, formar parte de cualquiera de las otras.
Candidatos que, según las clasificaciones al uso, pertenecen a clases distintas: derecha e izquierda, por ejemplo, confluyen, en virtud de su sometimiento a un dogma político o religioso, en la categoría de los creyentes. En este grupo destacan Guillermo Lasso, Andrés Aráuz, Cristina Reyes, Fabricio Correa y el pastor Gerson Almeida.
De cualquiera de ellos podemos esperar, si triunfan en las elecciones, el gobierno de las creencias sobre el gobierno de la ley. Con seguridad, si la ley se opusiera a aquellas, tratarían por todos los medios de eliminarla o modificarla para que calce en el molde de sus convicciones.
Guillermo Lasso acaba de darnos una muestra de eso con su pedido al presidente de la república, Lenín Moreno, de vetar el nuevo Código de Salud o, al menos, ciertos artículos que no están de acuerdo con los principios religiosos que profesa. Entre estos, el artículo 201, que “establece que serán consideradas emergencias los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente, y todas las patologías que comprometan la salud materno fetal. Además, se prohíbe a los establecimientos prestadores de servicios de salud y a las y los profesionales de la salud negar la atención de estas emergencias” (Diario El Comercio, 28 de agosto de 2020).
En este propósito coincide con Gustavo Noboa, mentor de Alexis Mera y Rafael Correa, y con los obispos ecuatorianos, varios de los cuales ya intentaron imponer su autoridad en un asunto: el tratamiento de la Covid-19, en el cual no poseen ninguna potestad ni competencia. De hecho, contra todas las evidencias científicas existentes, un grupo de ellos pidió al presidente Moreno que aprobara el uso del dióxido de cloro para tratar a los pacientes de Covid.
La influencia de la religión en la política pública fue muy importante durante el “correísmo”. Apoyado en sus convicciones religiosas, Correa sepultó la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación y Prevención del Embarazo de Adolescentes (ENIPLA), aduciendo que “se basaba en el hedonismo más puro y más vacío: el placer por el placer. Ahora, la estrategia se fundamenta en valores. Hay que educar a los padres”, y lo sustituyó por el Plan Familia Ecuador, dirigido por Mónica Hernández, esposa de William Phillips Cooper, un envejecido boy scout, propietario del Grupo Azul, que se encargó de la supervisión de las obras de repotenciación de la Refinería de Esmeraldas. Que, como sabemos, luego de un gasto de 2400 millones de dólares, quedó peor que antes.
En fin, mientras Hernández se ocupaba, con todas sus fuerzas, de convencer a los adolescentes de las ventajas de la abstinencia sexual, su marido colaboraba en el saqueo del país. Acusado en el caso Sobornos 2012-2016, Phillips Cooper, actualmente, se encuentra prófugo. ¿Hernández desconocía los negocios sucios de su marido? Es harto improbable que así sea. Su forma de actuar se llama hi-po-cre-sía.
Hipocresía es, también, saber que el aborto clandestino mata, en el país, a miles de mujeres al año, y, sabiéndolo, pretender cerrarles todas las posibilidades para salvar su vida, mantener su salud y no ir a la cárcel por una decisión que no es de Lasso ni de Noboa ni de la Iglesia, sino de las mujeres. Una decisión que las afecta, profundamente, a ellas y a su entorno más íntimo y que a los líderes políticos y religiosos no les provocará más que una incomodidad psicológica. Sin embargo, consideran que esta incomodidad es más importante que la vida y la salud de miles de mujeres.
Correa, sin duda, estará de acuerdo con Lasso. A ellos, ahora, no los une el interés por el país, sino el dogma.
Haber nombrado como candidato a la Asamblea a Luis Morales, hijo del exprefecto del Guayas, es otra muestra de hipocresía. Gustavo Larrea, que ha proclamado a los cuatro vientos que luchará contra la corrupción, ¿no sabía, acaso, que Luis Morales fue destituido de la administración del mercado Caraguay, de Guayaquil, por haber realizado cobros indebidos a los comerciantes?
Hipócritas, y en letras mayúsculas, son todos los delincuentes que pretenden, descaradamente, convertirse en representantes políticos de los ecuatorianos. Los “correístas”, como se sabe, no han tenido empacho en proponer a Pablo Romero, condenado a nueve años de prisión por secuestro, como miembro de la futura Asamblea. Entidad que, precisamente, tiene que legislar contra los delincuentes.
Los creyentes hipócritas parece que, hasta ahora, no se han dado cuenta de que, hace más de cien años, hubo una revolución liberal que hizo del Ecuador un Estado laico. Laicismo que ha sido puesto contra la pared por políticos creyentes, antiguos y recientes, como lo demuestran las afirmaciones de la ONU, hechas en un informe del año 2014, de que la garantía constitucional del Estado laico en Ecuador es muy débil y de que hay una incidencia cada vez mayor de grupos antiderechos en las decisiones del ejecutivo, “en las que impera el moralismo religioso”.
Quien no puede distinguir el ámbito privado -el de sus creencias- del ámbito público, no es ni republicano ni demócrata. El gobierno de las creencias conduce, necesariamente, a alguna forma de autoritarismo y, en los casos extremos, a regímenes teocráticos o totalitarios. A tanto no llegaremos, pero la “teologización” de la política pública no es solo un retroceso al siglo XVII, es, al mismo tiempo, el sometimiento del interés público, que no se identifica con las creencias de los líderes políticos o religiosos ni de las mayorías, a las susceptibilidades de la conciencia de los biempensantes.