Miami, Estados Unidos
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es la institución que ha protegido por 93 años a los trabajadores del Ecuador en la enfermedad, paternidad, cesantía, jubilación, invalidez y muerte, -gastos funerarios, viudez y orfandad-, riesgos de trabajo y desempleo, además del seguro social campesino.
Mantiene un fondo de pensiones, un fondo de salud, y el fondo de riesgos de trabajo financiados con los aportes de los trabajadores, de empleadores y del Estado. Es una garantía de los ciudadanos y un deber fundamental del Estado. Los cambios demográficos, la interferencia política de los gobiernos de turno, las deudas del estado con la institución, la ilegal metida de mano a sus recursos, la entrega de los hospitales como botín político a mafias hospitalarias, han hecho que el sistema de seguridad social presente un pronóstico sombrío para el futuro de sus afiliados.
Ya el informe actuarial del 2010, alertó que debido al cambio demográfico por el aumento de la expectativa de vida y una disminución de la tasa de natalidad se preveía que al año 2053 habría un déficit de US$ 4.200 millones, si no se suprimiera el 40% del aporte del Estado ni se modificaran las tasas de aportaciones.
Pero ya en ese mismo año, la administración correísta a través del Ministerio de Finanzas negoció el pago del aporte del 40% del Estado al IESS del 2010 al 2015 con bonos del Estado, por más de US$8.700 millones al BIESS.
En abril de 2015, a través de la Ley de Justicia Laboral, el ex presidente Rafael Correa decidió arbitrariamente que el Estado no tenía por qué pagar el aporte del 40% al IESS. En julio del 2015, la Corte Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Parlamento Laboral Ecuatoriano. Pero esta corte, servil a los intereses del ex mandatario, se tomó hasta el año 2018 para sentenciar la inconstitucionalidad de la medida, y estableció que se retomaran las aportaciones del Estado desde 2019. Esos 3 años en los que el estado no aportó lo que le correspondía, le significó un perjuicio al fondo de pensiones de US$6.800 millones.
En agosto del 2017 el representante de Rafael Correa al Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa, cambió la fórmula de cálculo de las pensiones. La Corte Constitucional finalmente la ha declarado inconstitucional.
Con su estructura financiera tan sensible a los cambios, la actual pandemia ya ha ocasionado otro perjuicio al fondo con la pérdida de cerca de 800 mil aportantes por desempleo. De acuerdo a un informe del Banco Mundial, presentado el mes pasado, el déficit del fondo de pensiones sería de US$ 2.333 millones en 2021 y llegaría a US$ 2.511 millones en 2022.
¿Es ese el déficit real del IESS? La analista financiera y experta en gobierno abierto María Laura Patiño pone sobre la mesa una incertidumbre aún más amplia sobre el estado de los fondos de pensión del IESS a raíz de la experiencia reciente con la manipulación de los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL). Ella cuestiona la calidad de la información financiera del IESS y del Banco del IESS (BIESS) y considera que solo se podrá conocer la verdadera situación del fondo de pensiones con una auditoría financiera real, tanto anual como forense, en lo administrativo como en la calidad de la inversión.
Observa la falta de arquitectura institucional que contenga mecanismos “para evitar que los gobiernos se pasen de vivos”, y cuestiona también la no actuación de la Superintendencia de Bancos en la supervisión de las inversiones del BIESS. Para Patiño, una auditoría ciudadana que transparente las inversiones es el paso previo para poder poner en orden los datos.
El vicepresidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas del IESS de Pichincha, Henry Llánes, en una reciente entrevista radial en FM Mundo expuso que entre 1985 al 2007 la deuda del Estado al IESS era de US$3.400 millones y se perjudicó a los asegurados al “licuarla” y dejarla en US$888 millones. En los siguientes años, la deuda se habría ido abultando hasta sobrepasar los US$ 7.000 millones. “El Estado ha incurrido en prácticas fraudulentas”, como también fue fraudulenta la venta del Hotel Quito en el gobierno de Rafael Correa, señaló Llánes.
Los flujos de los fondos de salud y de pensión del IESS deberían de ser públicos. Tanto afiliados como jubilados y empleadores deberían poder conocer qué se está haciendo con cada centavo de dólar que aportan mes a mes. La mejor forma de acabar con la corrupción de “la caja chica del Estado” sería llegar a construir un sistema de datos abiertos con información financiera real del IESS y BIESS, implementando la tecnología block-chain que transparente todos los procesos.
Presidente Lasso, en su propuesta de campaña de crear dos millones de empleos se encuentra un acertadísimo alivio inicial al fondo de pensiones del IESS. Poder llegar a transparentar y honrar de una u otra forma en el mediano y largo plazo la deuda del Estado a los trabajadores del Ecuador sería el mejor legado para más de 9 millones de ecuatorianos, para quienes el único bien con que cuentan es su seguridad social. No sería justo que tras haber aportado durante su vida laboral, un día de estos el IESS no pueda responderles con sus fondos de pensión.
