El Gobierno de Ecuador declaró este lunes su compromiso de respetar el laudo arbitral que le obliga a pagar unos 374,3 millones de dólares, más intereses, a la petrolera francesa Perenco, tras una añeja disputa comercial atada a un tratado bilateral de inversiones.
La Presidencia de Ecuador, en un comunicado, informó que un Comité Ad-Hoc del Tribunal Arbitral notificó su decisión tras aducir que en 2007 se perjudicó a Perenco con un decreto Ejecutivo que aumentaba de 50 % a 99 % la participación estatal en la ganancia de los excedentes petroleros.
El Tribunal se conformó en el marco del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones entre Ecuador y Francia, a instancias del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
Dicha corte dictaminó que el decreto Ejecutivo 662, del 4 de octubre de 2007, violó el Derecho Internacional Público en perjuicio de la petrolera francesa, aunque reconoció que el Estado ecuatoriano tiene derecho a ser indemnizado por daños ambientales causados por dicha compañía, se precisó en el texto de la Presidencia.
Por ello, añadió la fuente, «el actual Gobierno deberá asumir la responsabilidad de acciones y decisiones adoptadas por administraciones anteriores, cuando se aumentó del 50% al 99% la participación del Estado en los excedentes petroleros».
Gobierno de Correa
La cifra definitiva a pagar por parte del Estado en favor de Perenco es de 374.373.154,25 dólares, más intereses, luego de descontada la indemnización ambiental en favor de Ecuador, aunque la pretensión original de la petrolera francesa ascendía a 1.420 millones de dólares.
«El Estado ecuatoriano respetará y honrará sus compromisos internacionales, a pesar de cualquier discrepancia jurídica que haya sido expresada en el proceso. Se mantendrá contacto con la compañía para encontrar alternativas de solución», se agrega en el comunicado.
Además, la Presidencia dejó en claro que, para proteger los intereses nacionales, solicitará a las autoridades competentes el inicio de las «acciones de repetición» contra los servidores y autoridades públicas responsables de la decisión que llevó a la sanción arbitral.
El derecho de repetición es un instrumento legal que busca recuperar el monto pagado por un Estado, tras una sanción provocada por la acción de algún funcionario.
En este caso, el proceso se remonta a octubre de 2007, cuando ejercía el poder el expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien reside en Bélgica y fue condenado en 2019 a ocho años de prisión por un caso de corrupción que él niega. EFE
