Quito, Ecuador
En una sociedad democrática, las organizaciones sociales pueden entenderse como entidades dirigidas a incidir en la sociedad, y de manera especial en el Estado, a fin de promover el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
Para cumplir con este objetivo, las organizaciones, usualmente, plantean propuestas legislativas y de política pública, vigilan el ejercicio del poder público, realizan acciones de exigencia de derechos y, también, labores de educación ciudadana.
Los métodos a través de los cuales llevan a cabo las acciones mencionadas son, entre otros, la movilización social, la generación de opinión pública, la producción de información alternativa a la oficial, la negociación con los representantes del poder y el uso de mecanismos jurídicos de exigencia.
En una democracia, los objetivos de las organizaciones sociales –también las políticas- son, principalmente, externos, y, a diferencia de los de las empresas privadas, no se centran en ellas, sino en la población civil.
En un determinado momento, sin embargo, algunas organizaciones pierden de vista su misión, y comienzan a trabajar por sus propios intereses y no por los de los colectivos que dicen representar. Dejan, de esta manera, de ser medios para transformarse en fines. Y las personas cuyos intereses supuestamente representan terminan convertidas en instrumentos de los que se valen para medrar.
El ejemplo más claro de esta inversión es el de los partidos comunistas que han gobernado y gobiernan regímenes totalitarios como los de la antigua Unión Soviética, Corea del Norte y Cuba. En estos regímenes, de partido único, los principales beneficiarios de la política son los miembros de la cúpula partidista.
En las sociedades democráticas, ciertas organizaciones, debido muchas veces a su propio éxito, caen en la inversión de objetivos que hemos mencionado. Éxito al que contribuyen tanto la falta de competencia interorganizacional como la mala gestión de los gobiernos. De hecho, la ineficacia gubernamental les permite prosperar y centrarse cada vez más en sí mismas.
En estas circunstancias, la que antes era necesaria oposición a un gobierno se vuelve oposición utilitaria. Como están centradas en sí mismas, y su interés es mantenerse y prosperar, su oposición al gobierno ya no es un medio para buscar soluciones a un problema social concreto, sino para perpetuar el conflicto social: su medio natural de vida, su ecosistema.
Debido a su éxito, y aunque la realidad haya cambiado, las organizaciones de las que estamos hablando se resisten a cambiar. Y ante la necesidad de proponer soluciones a problemas generados por una realidad distinta, se encierran en las recetas que les dieron el éxito en el pasado. Abandonan, así, el plano de la realidad, para situarse en el del puro discurso: el de las palabras que codifican hechos inexistentes y propuestas imposibles.
No debe sorprendernos, por tanto, que la Conaie, dirigida ahora por Leonidas Iza, siga exigiendo la eliminación del decreto que permitió el establecimiento del sistema de bandas en el precio de los combustibles con el manido argumento de que el aumento de estos precios ha encarecido la vida del pueblo. En verdad, como lo demuestran los datos del INEC, entre junio de 2020 y junio de 2021, el precio de los alimentos se ha reducido en un 3.6% y el del índice de precios al consumidor en 0.7% (Ver el artículo de José Hidalgo Pallares publicado en 4 Pelagatos, el 5 de agosto de 2021).
A la Conaie, que no cree en la democracia representativa, tampoco le interesa el éxito del gobierno, sino solamente el suyo. Su opción política, como sostiene Hernán Pérez Loose en un artículo publicado en el sitio La República el 10 de agosto de 2021, es el fracaso. No quiere aportar, con la crítica y la propuesta, para que el gobierno mejore su actuación, sino, valiéndose de la agitación social y el bloqueo legislativo a través de su brazo político, Pachakutik, intervenir para que falle. Así podrá demostrar que tiene la razón, que siempre la ha tenido, y que su discurso se corresponde con la realidad. Aunque el principio de realidad no sea, precisamente, la guía de su actuación.
La Conaie, igual que otras organizaciones sociales, moviliza, produce información, crea opinión pública. Solo que la información que da es falsa y, en consecuencia, genera una opinión pública distorsionada. No hay, no puede haber objetivos de ninguna naturaleza que justifiquen el uso de la mentira como instrumento político.
¿Qué tipo de educación ciudadana hace la Conaie cuando moviliza a un sector de la población basada en datos falsos, o cuando no sanciona como es debido a una de sus asambleístas convertida en consejera del bien robar, o cuando, incluso, varios de sus dirigentes la defienden? ¿Cómo, con estos antecedentes, pretende vigilar el ejercicio del poder público?
La Conaie, con la vista vuelta hacia sí misma, ya no trabaja en favor de otros, sino de sus propios intereses, sobre todo, de los de sus dirigentes.
Por eso, frente a un gobierno que da muestras de estar haciendo bien las cosas, opta por la desestabilización y el conflicto permanente. Sostenida por un conflicto que ella misma azuza, puede presentarse como necesaria. La posibilidad de que este se resuelva le aterra. ¿De qué va a vivir, entonces? ¿Cómo, entonces, sus dirigentes y sus familias podrían mantener las ventajas de las que ahora disfrutan, esas ventajas que tan lejos están para la gente que movilizan en no pocas ocasiones con amenazas?
La Conaie, ahora, es una empresa política y sus socios principales son sus dirigentes. Su mayor valor en el mercado es su capacidad para crear conflictos e impedir que se resuelvan en beneficio de todos los ecuatorianos. La eficacia en la gestión democrática de los asuntos públicos, esta es la mejor arma para poner en su sitio a aquellas organizaciones sociales y políticas que, como la Conaie y ciertos sindicatos, han hecho del conflicto perpetuo su modo de vida.
