Quito, Ecuador
Dos grandes enemigos tiene en la actualidad el Estado ecuatoriano: los narcotraficantes y los asambleístas. También esos funcionarios del sistema judicial que protegen a los criminales, de quienes son clientes o empleados.
El poder legislativo conspira no solo contra el gobierno de Guillermo Lasso, sino contra la viabilidad de la política pública y de la política a secas.
La política, entendida como una actividad relacionada con el manejo del poder del Estado, tiene cuatro funciones: la conducción, que consiste en la elaboración de leyes y la definición de la política pública; la administración, que es la ejecución de dicha política; el control: político, administrativo, judicial y policiaco-militar; y la negociación, dirigida al acercamiento de posiciones e intereses, y al establecimiento de acuerdos entre los actores políticos.
Exceptuando, en parte, la función de control, el cumplimiento de las tres restantes se ha visto seriamente afectado por la peligrosa actuación del poder legislativo. La discusión y aprobación de tres leyes decisivas para la marcha del país en el campo económico, educativo y de la libertad de expresión, no se ha dado hasta el momento y una de ellas ni siquiera ha sido admitida para la discusión.
La ley es el marco de la política pública que, sin ella, simplemente no puede existir, pues las políticas públicas fuera de la ley son propias de los regímenes autoritarios, pero no de las democracias.
Cuando la política se hace inviable, el Estado se descompone y los lazos sociales se rompen. La sociedad, entonces, se fragmenta e incapaz de definir un interés compartido se ve obligada, para reconstituirse, a aceptar el interés del más fuerte, que, muchas veces, es también el más corrupto.
Que así suceda no es extraño, pues los que medran del caos y el desconcierto social son miembros de la misma clase política que los produjo. De hecho, esta clase, tan bien representada en la Asamblea Nacional, es la que, para satisfacer sus deseos, ha trabajado siempre contra el Estado. No ha llegado a matarlo. No le conviene. Pero impide que salga de esa situación entre la vida y la muerte en la que se debate, ya que, débil y vulnerable como está, no le queda otra opción que someterse a sus designios.
La clase política ecuatoriana está interesada solo en sí misma y el Estado es su instrumento. Y para que siga actuando como tal no puede permitirle que se fortalezca. Los políticos ecuatorianos son antinstitucionalistas, y un rasgo característico de quienes descreen de las instituciones, a no ser como instrumentos para conseguir sus fines, es el legalismo y la leguleyada.
Excelentes ejemplos de esto son las maniobras legales de Jorge Yunda para mantenerse en la alcaldía, y la devolución -sin discutirlo- del proyecto “Creando Oportunidades”, con base en argucias jurídicas y en la arrogación de funciones por parte de los miembros del CAL, metidos a jueces constitucionales.
No nos faltan ganas de decir “Que se vayan todos”. Solo que, con la clase política que tenemos, los que los reemplacen serán del mismo tipo de los Nebot, los Quishpe, las Aguiñaga, los Muñoz, las Andrade, y toda esa caterva de enemigos del Estado y amigos del poder.
