El Gobierno de Perú aseguró este miércoles que descarta el cierre de minas que cumplan con los requisitos legales, después del polémico anuncio que hizo días atrás la primera ministra, Mirtha Vásquez, sobre el eventual cese de operaciones de cuatro unidades mineras de la sureña región de Ayacucho.
«Descartamos el cierre y solicitud de retiro unilateral de las operaciones de las unidades mineras que cumplan con los requisitos legales y condiciones establecidas en la legislación nacional y sectorial, y que cuenten con los permisos correspondientes vigentes», señaló la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en un comunicado.
El pronunciamiento se emitió luego de la reunión que sostuvieron representantes del Gobierno peruano con miembros de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), un gremio que saludó esta «rectificación» por parte del Ejecutivo.
Desde que Vásquez anunció la semana pasada el cierre de cuatro minas de Ayacucho en el marco de acuerdos alcanzados con las autoridades locales de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara, la Snmpe y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), el mayor gremio empresarial del país, instaron al Gobierno a rectificar lo que consideraron una medida «arbitraria e ilegal» que «violaba el estado de derecho».
De hecho, el gremio minero señaló en un comunicado que, de haberse ejecutado lo anunciado por la primera ministra, se habría «constituido una flagrante vulneración de la institucionalizad y ocasionado importantísimas pérdidas» a la economía de Ayacucho, en donde la actividad minera representa casi la cuarta parte del PIB y el 40 % del empleo formal.
PRÓRROGAS Y MODIFICACIONES
Vásquez viajó la semana pasada al sur de Ayacucho para atender las demandas de los pobladores que acatan desde octubre un paro indefinido en contra de la actividad minera en sus cabeceras de cuenca para denunciar la contaminación de sus afluentes.
En aquel encuentro se acordó la creación de una comisión que se encargaría de negociar la salida de cuatro unidades mineras operadas por las compañías Ares -de Hochschild-, Apumayo y SAMI y que, según aclaró más tarde la primera ministra, ya tenían fecha de cierre prevista.
En ese sentido, en la nota divulgada este miércoles, la PCM indicó que «las empresas mineras pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar en estricto apego a lo que establece la normatividad vigente».
Aclaró, además, que los planes de cierre de las minas deben ser aprobados por las autoridades competentes y que son gestionados y controlados por el Estado a fin de que «el cese de actividades se efectúe dentro de un marco ambiental sostenible».
COMUNIDADES Y MEDIO AMBIENTE
«El Gobierno busca promover un nuevo enfoque para el relacionamiento activo y positivo entre las empresas mineras y las poblaciones de las áreas de influencia, con el fin de atender las preocupaciones de las comunidades y el cuidado del medio ambiente», señaló la presidencia del gabinete ministerial.
Agregó que este enfoque es un nuevo tratamiento de los conflictos sociales y que pretende darles una «solución real y sostenible, generando paz social para un desarrollo armónico de la actividad empresarial».
En el mismo sentido se expresó este martes el presidente Pedro Castillo, quien desde la sureña región de Arequipa ratificó su compromiso de respetar el marco legal vigente y de continuar promoviendo las inversiones privadas, pero insistió en que su administración apostará por una minería responsable y sostenible, que respete el medio ambiente y los derechos de las comunidades.
«Queremos un sector minero sólido, con inversiones que generen empleo y oportunidades para nuestra población», aseguró el mandatario, quien añadió que las operaciones mineras deben tener «un compromiso social y ambiental» y «darse sin contaminar las cuencas de agua y ni los ríos». EFE