Como una amarga experiencia. Así califica Ángel Iza el proceso judicial de más de un año que le tocó pasar para obtener una parte de la liquidación que le correspondía.
Iza fue uno de los despedidos al inicio de la cuarentena por la pandemia COVID-19 en 2020. Trabajó para una empresa privada por 28 años.
Decidió luchar por su liquidación y lo hacía desde casa puesto que las audiencias se realizaban por vía telemática. Al final, como ninguna de las dos partes cedían, es decir, el trabajador ni el empleador, llegaron a un acuerdo.
Iza, de 57 años, no estaba del todo contento con ese resultado, pero prefirió aceptarlo por necesidad. “No nos hicieron tanta justicia. Yo trabajé por mucho tiempo y para lo que me dieron es injusto. No era lo correcto”, opina.
A Iza le deja un mal sabor esa experiencia con la Función Judicial. Dice que no se la desea a nadie.
“La justicia debe estar siempre, desde los jueces, pero es ahí donde empieza la corrupción y llega hasta la parte más baja. Se debe corregir ese desvío. En mi caso, como era una empresa grande, se sintió esa desventaja en el procedimiento”, expresa.
Este desánimo y desconfianza se ve reflejada en un estudio realizado por la encuestadora Click Report, que señala que el 83,19 % no está esperanzado en la justicia, pero sí el 16,81 %.
La desconfianza está más en Quito con 84,72 % y en Guayaquil con el 81,67 %, aunque la diferencia es poca. Las mujeres son las que más desconfían de la justicia con el 84,89 %, en comparación con los hombres con el 80,86 %.
Y es en el rango de 36 a 50 años que más desconfían con el 87,87 %. Le siguen aquellos entre 18 y 35 años con el 84,60 %. Aquí se encuentra Mariela Rojas, una ingeniera en contabilidad de 33 años. Ella ha estado también de cerca en esos procedimientos.
“Se puede ver que todos los procesos de la administración de justicia tienen algunos cuellos de botella los cuales hacen que los trámites demoren bastante para cualquiera de las personas que lo realizan. Creo que una de las formas de mejorar es exigiendo que la gente de allí tenga una preparación más alta, que estén constantemente capacitándose”, menciona.
Y quienes sienten menos desconfianza son los mayores de 51 años con el 66,33 %.
Esta percepción es general, dice Vanessa Velásquez, propietaria del estudio jurídico Laborlex. Trabajadores o empleadores a los que asesora en su estudio jurídico piensan que no existe imparcialidad en los procesos.
“Hay que entender cómo funciona nuestro país, la administración de justicia desde las sedes administrativas así como los órganos judiciales carecen de lo más importante: legitimidad e imparcialidad. Históricamente las cortes han sido manejadas por los gobiernos de turno y eso ha hecho que el Ecuador sea un país deficiente”, opina.
Mientras que Lenin Duque, propietario del estudio jurídico Durom Asesores Legales, indica que sus clientes ven una justicia lenta y con poca capacidad.
“Es un poco lenta por la cantidad de jueces, porque a raíz de problemas económicos del país se han incrementado los procesos judiciales y el número de jueces no es adecuado y se requiere más. Es imposible atender tantas causas”, apunta y agrega que eso también genera esa percepción de desconfianza en la ciudadanía.
Un familiar de Mónica está enfrentando un proceso penal donde ya hubo sentencia. Procedió al recurso de apelación, pero ha pasado más de un año. Su familia quiere demostrar la inocencia del procesado. “Los procesos son lentos y todo es dinero. Aquí no hay justicia para nadie”, afirma.
Duque indica que esta percepción negativa frente a la justicia va ligada también a actos de corrupción. Dice que se ve más en el área penal como en el caso de Mónica. “La justicia está muy manchada desde el punto de vista penal. Lamentablemente todo tiene un precio, hay manipulación…”, apunta.
Criterio que comparte Mesías Andrade, director del estudio jurídico multicompetente Andrade & Asociados. Él menciona que a pesar de cierta modernidad en las instituciones, el manejo irregular es el mismo.
“La justicia no logra aterrizar como nos gustaría. No hacen falta más leyes para que se logre justicia, se debe atacar una arista que lo impide: la corrupción. A mis clientes siempre les digo las posibilidades que existen al enfrentar un proceso y se los explico que muchas veces depende de otros factores externos (corrupción, favores políticos, temor de fallar contra el Estado)”, lamenta.
Ciudadanos afectados en procedimientos como Ángel Iza piensan que debe haber un cambio de jueces; Mariela Rojas exige una alta preparación a quienes postulan en cargos judiciales y los abogados coinciden en una búsqueda exhaustiva de ese personal, de sus bienes, pago de tributo, y nuevos procedimientos del Código de Ética. (I)
- Con reportes de Diario El Universo