Ley de uso legítimo de la fuerza busca mayor participación de policías y militares en las cárceles del país

Reunión de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional

Desde hace pocas horas se reunieron los miembros de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional para debatir el texto sobre el uso legítimo de la fuerza.

Los asambleístas esperan presentar en un máximo de ocho días más el texto del informe para segundo (y definitivo) debate de la ley sobre el uso legítimo de la fuerza. Este documento dependerá de la presidenta de la legislatura para que se incluya en el orden del día del pleno.

En la reunión se recibió 659 observaciones de las cuales 442 se incorporaron al informe borrador. El presidente de esta comisión Ramiro Narváez, de la Izquierda Democrática, sostuvo que el “informe permitirá un fortalecimiento de las instituciones, pero si no va acompañado de políticas públicas, planes, acciones, presupuesto y liderazgo del Ejecutivo, éste no solucionará el problema que hoy se vive”.  

Narváez también puntualizó que desde ya policías y militares tienen la facultad de actuar en determinados momentos como en la crisis carcelaria que se vive en el país para que puedan retomar el control de estos espacios.

A estas observaciones se sumó el asambleísta del BAN, Jorge Pinto que enfatizó que esta
ley “en construcción” permitiría tener mayor control, sobre todo desde la formación de guías penitenciarios. Apeló a que los policías en conjunto con los miembros de las Fuerzas Armadas que estén entrenados para estas situaciones puedan trabajar en conjunto para restaurar el orden y evitar más motines violentos.

Aquí hay dos caminos: estar con la ley o con los delincuentes, y creo que todo el país quiere estar del lado de la ley, y eso permitirá a los militares y policías actuar y hacer uso legítimo de la fuerza, sin cruzar la línea delegada que es el abuso de la fuerza”, destacó Pinto.

Una vía que actualmente tiene el Ejecutivo, según el legislador oficialista, es que el Presidente Guillermo Lasso pueda llamar a un estado de emergencia a las cárceles. Esto implicaría que el Ejecutivo no necesite de una aprobación de la Corte Constitucional para declarar un estado de excepción. Además, indicó que entre los agentes de policía y militar habrán “grupos de élite” dentro de las prisiones ya que el policía “de calle” muchas veces no está entrenado para actuar en esas circunstancias. Sin embargo, la ley contempla que se entrenen a todos los agentes policiales para que puedan actuar en cualquier circunstancia.   

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