Miami, Estados Unidos
En diciembre del 2002, el entonces Presidente Gustavo Noboa Bejarano denunció un boicot en su contra, señalando al Tribunal Constitucional por haberle hecho perder $250 millones de dólares al Ecuador. Desde la Gobernación del Guayas, adonde había ido a recibir un botón de oro como reconocimiento de la Federación de Jubilados, dijo: “Cuando el Congreso había aprobado los dos puntos del IVA, ellos lo botaron abajo. Ahí están, esos son, los que joden la nación. Ahí están, en el TC”.
Hoy, 20 años después, es casi imposible reconocer ese país en donde el Legislativo apoye el trabajo del Ejecutivo, donde los jubilados se sientan dignificados, y la única constante sea el boicot a un gobierno que intenta superar una profunda crisis económica que ha empobrecido a todos.
A un año de la gestión del Presidente Guillermo Lasso, el 24 de mayo de 2022, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) con su actual presidente Leonidas Iza, que representa a 14 nacionalidades indígenas y conforman cerca de 1.1 millón de ecuatorianos (INEC), anunció que iniciarían un paro nacional el 13 de junio.
El Ecuador ya conocía en qué consistía la amenaza del movimiento indígena, pues en octubre de 2019 ocasionó US$ 821 millones en pérdidas de las que no se hicieron responsables. Y lo hizo el mismo día en que el Presidente Lasso comunicó en su informe a la nación que lo peor de la tormenta ya había pasado, refiriéndose a la reducción del déficit fiscal del US$7.000 mil millones a US$4.000 mil millones, gracias a un gran esfuerzo fiscal y en buena medida a una campaña de vacunación exitosa que había permitido reactivar la economía.
Anunció créditos para vivienda propia y expectativa de reducir este año en 4 puntos el déficit habitacional, un programa de atención integral a mujeres desde el embarazo hasta los 2 años de edad de sus hijos, extendiendo el programa de nutrición infantil en marcha que es uno de los ejes sociales de su gobierno. Entre otras menciones, estuvo la repotenciación de 37 hospitales y 23 centros de salud; 54 millones en créditos directos a 18.400 emprendedores campesinos; 78 mil nuevos beneficiario del bono de desarrollo humano, y calculó que al menos 2 millones de ecuatorianos estaban recibiendo algún tipo de ayuda social.
Habló de incrementar la producción petrolera hasta llegar a duplicarla, eliminando las “Cadenas” de la corrupción. La violencia generada por los cárteles de la droga y las bandas delincuenciales en las calles y cárceles del país las consideró como “una reacción a la aplicación de la ley”, habiendo mencionado que en 2021 fueron incautadas 231 toneladas de droga, y para mayo del 2022 ya habían sido incautadas 85 toneladas más de droga.
El Presidente Lasso fue enfático en que no cambiaría de actitud, anunció que restauraría la soberanía del Estado en las cárceles, reiteró su apoyo a las fuerzas del orden, US$1.200 millones para fortalecer a la Policía Nacional hasta el final de su gestión, la incorporación de 30 mil nuevos policías, y 1.400 agentes penitenciarios. Tras reiterar su lealtad a las Fuerzas Armadas, dejó en claro que enfrentaría al narcotráfico, a la minería ilegal, al tráfico humano y al tráfico de armas.
Ese fue, a breves rasgos, el informe presidencial a la nación en una Asamblea Nacional que venía ya en pugna con el Ejecutivo, rechazando sus proyectos de ley que buscan atraer inversiones y acelerar la recuperación económica y el empleo.
El Presidente Lasso había acusado y pedido investigar a varios asambleístas por pedir beneficios económicos a cambio de su voto a favor del proyecto de Ley de Inversiones. La bancada legislativa del partido del ex presidente Correa, (UNES), no asistió a la ceremonia. Los legisladores del brazo político del movimiento indígena, Pachakutik, se retiraron luego de la intervención de la entonces Presidente de la Asamblea Nacional. Y algunos asambleístas de otras bancadas también dejaron sus sillas vacías. Es la Asamblea Nacional del 6.5% de credibilidad. (Cedatos)
Es en esta misma Asamblea Nacional que se propuso, tras un pedido público de Rafael Correa del 24 de junio a propósito de las protestas, revocar del cargo al Presidente Lasso, iniciativa que contó con el voto del flamante presidente del legislativo devenido en mediador del diálogo, Virgilio Saquicela, pero que no alcanzó los votos necesarios, ni hackeando la votación.
Los 18 días de protestas violentas en el contexto del paro nacional produjeron, de acuerdo a la Fiscalía General de la Nación, 369 investigaciones fiscales previas y 34 instrucciones fiscales, 160 paralizaciones de servicio público, 30 ataques o resistencias, 11 actos de terrorismo, 21 secuestros, 5 homicidios, sumados al sabotaje, robos, rebelión, daños a la propiedad privada y más delitos. Las pérdidas económicas para el país, entre el sector petrolero y el sector privado, de acuerdo al Ministerio de la Producción, ascenderían a US$1.000 millones. Y el riesgo país se duplicó en 45 días a partir del paro.
Con el fallido ataque por tres flancos, el paro nacional, la destitución vía Asamblea Nacional, y un pedido en el CNE de formularios para la revocatoria del mandato presidencial, solo lograron mayor inestabilidad política, económica y social para el país, así como el rechazo ciudadano: el 80% quería el fin del paro. (Cedatos)
Las cartas se revelaron. Los “Conaieleaks” también surgidos el 24 de junio pasado dan cuenta de conversaciones entre la CONAIE y representantes del correísmo. En una de las filtraciones indican que los US$33.500 entregados por el parlamentario andino Virgilio Hernández habrían sido utilizados para “la movilización de dirigentes de la Sierra Norte”. En otra, agradecen la ayuda de la Prefecta de Pichincha Paola Pabón. El contenido de estas filtraciones no ha sido desmentido por las partes.
Quedaron expuestos ante el país quiénes se aliaron para crear conmoción social en las calles para utilizarla luego en la Asamblea Nacional como causal de destitución al Presidente. Como en Octubre de 2019, a pesar de la ejecución de actos de terrorismo, y de las señales de participación de grupos criminales, no se responsabilizan de nada y pretenden gozar de impunidad.
Es más, son ellos los que “piden la cabeza” de los ministros que defendieron la democracia. Mientras dicen dialogar, evitan rendir cuentas del origen del financiamiento para 18 días de movilización, que el gobierno estima en cerca de US$20 millones. Amenazan con volver a violentar el país y van dejando en claro que su objetivo es no dejar gobernar al Presidente. Ahí están, esos son.
