Indicios de irregularidades detectó el actual Ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer. Por ello, solicitó a la Contraloría General del Estado que inicie un examen especial al contrato 02158 PAM EP 2015 relacionado con el Bloque 61 (Auca) suscrito el 1 de enero del 2016 y a todos los contratos de Servicios Específicos con Financiamiento, dentro del periodo del 1 de enero del 2010 hasta la presente fecha.
Pues, durante el 2010, Rafael Correa vendió el cambio de la modalidad de contratos petroleros. Se dio un nuevo tipo de participación a prestación de servicios como una forma para que el país se quedara con el 99% de los excedentes de cada barril extraído.
Sin embargo, lo que realmente se impuso fueron tarifas fijas a las empresas (sin tomar en cuenta lo que invirtieran ni cuánto produjeran). Se eliminaron, además, los incentivos. Por aquello, la producción de las empresas privadas cayó unos 20.000 barriles diarios, en promedio, durante los años del segundo ‘boom’ petrolero.
Esto se tradujo en un nuevo perjuicio al Estado. Pues se perdieron más de $4.000 millones de ingresos, a lo que se sumaron demandas al Gobierno por los cambios forzados. A Occidental se tuvo que pagar $1,000 millones, a Perenco, $435 millones, a Petrobras, $217 millones, entre otros.
También, el Ministro, solicitó a la Procuraduría General del Estado efectúe el control de legalidad tanto al contrato de Auca y a cada uno de los contratos antes mencionados efectuados en los últimos doce años.
Aquello, aseguró Vera Grunauer, «se harían visibles las disputas, los cálculos políticos y los negociados durante el Gobierno de Correa con respecto a los contratados firmados para la explotación del campo Shushufindi», precisó.
Ya que estas peticiones del Ministro se dan en marco de las revelaciones de estos temas.
Un tema nada nuevo y muy sonado
Las alertas ya se despertaban en el tema de contratos petroleros (sobre la viabilidad y los reales beneficios de los acuerdos firmados). Pues, la decisión política del Gobierno de Correa fue continuar con todo e incluso esconder las evidencias de los malos negocios para el Estado.
Sobre este tema justamente, se pronunció el parlamentario Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y quien ha pedido a Fiscalía analizar el tema de los contratos.
«La decisión del ministro Vera (sobre pedir auditorías a estos contratos) es la correcta», indicó Villavicencio.
También indicó que «la modalidad contractual establecida por Correa no existe en la ley para operaciones de exploración y explotación».
Adicionalmente dijo que «se establecieron tarifas descomunales y una curva base falsa para beneficiar a las compañías privadas», concluyó el legislador.