A poco que culmine el plazo para entregar el veto que anunció el Presidente Guillermo Lasso sobre la Ley de Comunicación al Pleno Legislativo, se conoció, hoy 23 de agosto de 2022, que éste sería remitido mañana, 24 de agosto.
Estas observaciones se dan en torno al informe de minoría aprobado por la Asamblea Nacional en julio pasado. La firma del documento se realizará en la Gobernación del Guayas. El texto se debatió en una reunión de gabinete realizada en Guayaquil ayer, 22 de agosto, tras el retorno del Primer Mandatario al país.
Virgilio Saquicela, presidente del Legislativo, envió al Ejecutivo el texto que fue aprobado por 75 legisladores el 24 de julio pasado. Entonces, desde ese día, corrían 30 días de plazo para que este se pronuncie.
Recomendaciones previas a que el Gobierno decidida el veto
Al mismo tiempo, el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, viajó a Washington D.C., Estados Unidos, con el fin de dialogar con el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, y escuchar sus opiniones con respecto al texto original y las observaciones dadas por el Ejecutivo.
En la reunión que tuvo lugar en Guayaquil, Jhossueth Almeida, Subsecretario de Asuntos Regulatorios de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República, señaló que se analizaban cuatro opciones: veto parcial, veto total, veto por inconstitucionalidad o una objeción mixta.
Almeida indicó en esa ocasión que «se han observado al menos 50 artículos, que incluyen temas de autorregulación, autocensura y la responsabilidad ulterior y que las observaciones irían en la línea de precautelar la vigencia y desarrollo del derecho a la libertad de expresión, el mayor compromiso del Gobierno».
Los gremios periodísticos, al unísono, han solicitado que el veto sea total pues consideran que algunas de las normas aprobadas son regresivas en derechos a lo que concierne la laabor periodística y Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), ve con preocupación la censura a la opinión lo que conllevaría a una censura previa. A lo que calificó como «muy grave y restrictivo».