Guayaquil, Ecuador
El ex-presidente de EEUU, Donald Trump, se encuentra en medio de una nueva tormenta. Pues ya está siendo investigado por un gran jurado en Georgia por potencial violación de leyes electorales de ese estado y, también, por un comité del Congreso por su rol en el asalto al Capitolio, lo que obstaculizó la transferencia de poder a Biden.
Todo ese proceso electoral, dictaminado como íntegro por las cortes, fue cubierto anteriormente. ¿Qué sucede hoy? Sin precedentes, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI en inglés), allanó el 8 de agosto la casa de Florida del ex-presidente, llamada Mar-a-Lago, en donde se ha confirmado se encontraron 184 documentos clasificados. Por un lado, se lo defiende: es un perseguido y más bien un héroe conservador. Por otro, se lo critica: ha violado la ley y nadie está por encima de la ley. ¿Qué está sucediendo? ¿Es una persecución política que utiliza a la ley o la ley misma tratando de imponerse a través de sus instrumentos? Todo esto necesita una verificación de datos. Veamos.
Contextualicemos primero la legislación. El gobierno estadounidense establece en la Ley de Récords Presidenciales (PRA en inglés) que, dado el escándalo de Watergate, toda documentación generada por el presidente y otros oficiales debe ser entregada a la Administración Nacional de Archivos y Récords (NARA en inglés), porque pertenece al público.
Obama, por ejemplo, entregó un total de casi 15,000 cajas (c/u se estima en 2,000 páginas), constituyendo la novena Librería Presidencial más grande. Una vez NARA revisa la documentación, se preserva lo sustancial en una Librería Presidencial manejada por ella; mientras la de G. W. Bush está en Dallas, la de Obama es la primera en ser enteramente digital (aunque se construye un complejo para ello en Chicago). Según NARA, Trump es el presidente que ha “entregado el volumen más pequeño de récords de papel de cualquier presidencia moderna,” con poco más de 5,000 cajas.
Dado que todo récord se entrega una vez termina el mandato presidencial, sonaron las alarmas por lo encontrado en Mar-a-Lago. Trump, antes un ansioso twittero, publicó en su red social, Truth Social: “OBAMA SE LLEVÓ 30 Millones de Documentos cuando él dejó la CASA BLANCA y No hubo ALLANAMIENTO DEL FBI” (las capitalizaciones son originales). Esta información, que tras investigar tiene su origen en una pieza de opinión del cuestionado New York Post, fue repetida fervientemente en círculos mediáticos conservadores. Por ejemplo, el presentador de Fox News, Sean Hannity, dijo:
Ellos enviaron las 30 millones de páginas de información sensible y posiblemente material clasificado a Chicago, y, de paso, [Obama] no ha retornado ninguno de ellos a los Archivos Nacionales. Ni una sola página… ¿Entonces está su casa a punto de ser allanada?
La pregunta, evidentemente retórica, resuena mucho por el contraste. Si Obama ha cometido la misma infracción que Trump, es razonable preguntarse el porqué del allanamiento de uno y no del otro. Pero Trump tiene un historial de compartir historias falsas, nada más véase todo lo sucedido con la elección supuestamente robada. Si no hubo en ese entonces evidencia alguna para las aseveraciones hechas contra el sistema americano, ¿ahora sí?
Afortunadamente, la propia NARA esclareció el asunto el 12 de agosto:
La Administración Nacional de Archivos y Récords (NARA) asumió exclusivamente la custodia legal y física de los Récords Presidenciales de Obama cuando el Presidente Barack Obama dejó el puesto en 2017, de acuerdo a la Ley de Récords Presidenciales (PRA). NARA movió aproximadamente 30 millones de páginas de récords desclasificados a un establecimiento en Chicago manejado exclusivamente por NARA. Adicionalmente, NARA mantiene los Récords Presidenciales clasificados en un establecimiento de NARA en el área de Washington, DC. Como es requerido por la PRA, el ex-Presidente Obama no tiene control sobre dónde y cómo NARA guarda los récords Presidenciales de su Administración.
Queda claro por qué Obama no fue allanado por el FBI, pues no se ha llevado a su residencia ningún documento, “ni una sola página” en palabras de Hannity. Como explicó Bret Baier de Fox News: “Hay un proceso” y “[Obama] siguió ese proceso para llevar los documentos a Chicago.”
Esta aclaración dura poco porque pronto surge otra controversia: ¿por qué un allanamiento? Han dicho Trump y simpatizantes que las autoridades pudieron haber consultado primero. Se ha reportado, sin embargo, que NARA solicitó documentación a Mar-a-Lago tan temprano como mayo 2021. No funcionando, la institución advirtió que avisaría al Congreso y al Departamento de Justicia (DOJ en inglés).
Con eso sí se comenzó a gestionar la transferencia de documentos en enero 2022, moviendo 15 cajas. PBS reportó que esto sucedió con la participación del propio Trump, quien describió trabajar con NARA como “un honor.” Sin embargo, en febrero NARA informó a un comité de supervisión del Congreso que, en los documentos obtenidos, encontraron material clasificado. Esta información se envió al DOJ.
En los meses que siguieron, investigadores del DOJ visitaron la residencia—lo que fue confirmado por el equipo de Trump. El FBI concluyó que material clasificado todavía permanecía en Florida. Una citación para obtener los documentos fue entregada. Cuando no fueron retornados, el Procurador General Merrick Garland aprobó una orden de allanamiento, lo que llevó al controversial 8 de agosto.
Trump y su equipo lo han pintado como una persecución política y que la administración de la justicia está parcializada, mientras los simpatizantes del ex-presidente llaman a tomar armas. Y no sólo Garland ha sido objeto de abuso, sino que el Juez Bruce Reinhart, quien autorizó la orden, ha recibido amenazas violentas y anti-semíticas.
El FBI se pronunció en contra del llamado a la violencia, pero en Ohio un hombre armado, tras pedir en redes sociales “estar listos para el combate,” intentó penetrar una oficina del FBI y murió abatido por la policía cuando intentó escapar. Los seguidores de Trump no han esperado, por lo visto, sino meramente aceptado lo reportado en sus burbujas mediáticas, lo que ha resultado en armas, abusos, discriminaciones y muerte.
La presión de los conservadores, en su mayoría a aparentemente a favor de Trump en todo caso, llevó a exigir la revelación de la orden de allanamiento. El propio ex-presidente pidió revelar “inmediatamente” los contenidos de la orden, aunque según todas las fuentes el propio Trump puede hacerlo porque él tiene una copia—pero no lo hizo. Por otro lado, el DOJ no puede por reglamento interno revelar información de investigaciones en curso. Bajo presión popular, una corte federal publicó selectivamente la documentación jurada que fundamentó la orden y esta revela que el FBI investiga a Trump por “obstrucción de la justicia, encubrimiento, sustracción deliberada o manipulación de documentos públicos y violaciones de la Ley de Espionaje.” Esto deja atrás la disputa con NARA como un mero desacuerdo legal y se torna todavía más serio.
Las respuestas de Trump y su equipo abundan tanto como mutan: que el ex-presidente se llevó los documentos sin saberlo; que el FBI plantó los documentos; que el allanamiento fue políticamente motivado; que ellos habrían cooperado; que Obama ha hecho lo mismo. La evidente inconsistencia no parece ser un problema, pues por más que se descalifiquen, siempre surgen más peros. Entre lo que más se repite, está la declaración dada en Fox News de que se mantenía una “orden permanente” cuando Trump era presidente de que todo documento transferido a Mar-a-Lago estaba, por solo ese hecho, desclasificado. ¿Es esta, al fin, una sobria respuesta para explicitar la persecución política?
John Bolton, quien fue el Asesor de Seguridad Nacional de Trump, ha afirmado que la declaración de dicha orden permanente es “muy seguramente una mentira.” “Yo nunca fui informado de ninguna orden tal” (y no es la única persona en desmentir la orden). No obstante, ¿es cierto que el presidente puede desclasificar a voluntad? De acuerdo a Douglas Johnson, un veterano de 34 años trabajando en la CIA, “el presidente es el fundamental clasificador y des-clasificador—pero él no puede sólo mover una varita mágica, y él no puede hacerlo en secreto.” Agrega que “si [Trump] y sus aliados están defendiendo su manejo de estos documentos declarando que no estaban ya clasificados, ellos deben demostrar un rastro de papel.”
Jeh Johnson, quien sirvió como abogado principal del DOJ antes de servir como secretario de Seguridad Nacional (Homeland Security), estuvo de acuerdo según una pieza publicada en Lawfare:
Parte integrante de cualquier acto de desclasificación es comunicar el acto a todo otro que posea la misma información, a través de todas las agencias federales. Este punto se mantiene cierto a pesar de si la información existe en un documento, un email, una presentación power point, e incluso en la conciencia de un oficial de gobierno. De otra forma, ¿cuál sería el punto de una desclasificación legítima?
Aunque todo oficial de gobierno debe seguir un procedimiento, “no hay un proceso formal que un presidente esté requerido a seguir cuando desclasifique información,” afirmó Brian Greer, un ex-abogado del FBI especializado en casos de clasificación.
Sin embargo, “debe haber evidencia de que la orden de desclasificación ocurrió” y “el equipo de Trump todavía no ha producido ninguna evidencia creíble.” De acuerdo a ello, ha dicho Johnson, la idea de que había una “orden permanente” de que cualquier documento movilizado de un lado a otro pasaría a estar desclasificado “es nada menos que risible.”
A pesar de todo ello, se ha revelado que Trump está siendo investigado por potenciales violaciones a la Ley de Espionaje. Esta ley convierte en un crimen revelar información sensible a la seguridad nacional, esté o no la información clasificada. Si por un lado Trump reclama que los documentos fueron todos desclasificados, por otro admite la posesión extra-legal de dicha información sensible, lo que desborda la discusión de la clasificación.
En todo caso, lo que queda claro es que el modus operandi aquí es en extremo familiar. Echar la culpa a los demás, sea a Obama, al DOJ, a los Demócratas, o a quien sea, solo ha resultado hasta ahora ser una mera excusa.
Toda aseveración debe ser respaldada por quien la profiere y no probarse de forma negativa por quien pretende responderla. No se puede, en efecto, ir descalificando cada una de las declaraciones de Trump, pues cuando una se desmiente, surgen dos más. Y mientras la manipulación mediática del ex-presidente persiste, lo que se cumple a cada paso es el objetivo de la desinformación: polarización e irrespeto a la ley.
¿Habrá una convicción del ex-presidente? Eso, a pesar de todo, está aún por verse. Lo interesante es que la cuestión, que se originó como una pugna por documentación pareciera ser mucho más grande. Y por más exagerado que pueda sonar, Barbara F. Walter, profesora de ciencias políticas de la Universidad de California, autora del libro “Cómo empiezan las guerras civiles,” ha mencionado que “los signos de desestabilización que hemos identificado en otros países son los mismos que yo he empezado a ver en mi propio país.”
Con eso, la reacción de los simpatizantes de Trump no da señales a retroceder. El senador Republicano Lindsey Graham ha dicho en Fox News, que, de haber una convicción de Trump, “habrá disturbios en las calles.” Todo parece que ha pasado ya, reminiscente a la controversia de las pasadas elecciones. Si es así, en efecto, se pueden esperar no solo disturbios, sino todavía más violencia.
Nota: dada la polarización de los medios electrónicos, en este artículo se atiende principalmente a fuentes que la Universidad de Michigan, en su esfuerzo de mitigar la desinformación, ha catalogado como medios que representan el centro político. Es decir, a menos que se refiera en el texto a una fuente oficial o a personajes o instituciones específicas, ya sean estas de Fox News o New York Times, se utilizan medios centristas como el Wall Street Journal (WSJ), Compañía de Difusión Americana (ABC), Yahoo News y el Servicio de Difusión Pública (PBS) como fuentes máximas de información sobre los hechos.
