Tras la votación dada hoy, 8 de septiembre de 2022, la posible destitución de la Judicatura queda en suspenso en la Asamblea Nacional. La oficialista BAN propuso la reconsideración, que logró 85 votos. Sin embargo, no se dio paso, tras la ausencia de Viviana Veloz (UNES) que fue su proponente.
El presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, tras varias insistencias y acusaciones de los asambleístas, permitió que el Pleno de la Asamblea diera paso a la reconsideración de votos sobre la censura y destitución de Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Murillo; pero no volvió a votar sobre ello.
La bancada oficialista BAN optó por proponer la reconsideración desde su lado. Gruber Zambrano, quien mocionó reconsiderar los votos, precisó que es necesario zanjar el tema «por el bien de la unidad y la paz que demanda Ecuador».
Alejandro Jaramillo (ID) dijo que en ninguna parte de la ley existe que se deba pasar por escrito dicha reconsideración.
Previo a la votación hubo serios señalamientos. La asambleísta Johanna Moreira cuestionó que Saquicela no haya dado paso rápido a la votación y le señaló de estar «en complicidad con otros intereses que responderían a los del PSC y UNES», dijo.
A esto, respondió Esteban Torres del PSC:
«Que de intereses no hable la asambleísta Moreira, pues la hermana del asesor de la asambleísta Moreira, es precisamente la directora del Consejo de la Judicatura de El Oro», precisó.
En una imagen se evidencia como Esteban Torres, saca a Luis Almeida para evitar que existan los proponentes del juicio en la sala.
No existen los votos
Instantes previos a la votación, la misma asambleísta del correísmo, Viviana Veloz aseguró que no pedirían la reconsideración porque solo contaban con los 87 apoyos que obtuvieron en la primera votación
La correísta además increpó que los 49 legisladores que votaron por la abstención «habrían recibido prebendas, en una transacción política con el Consejo de la Judicatura». Además, aseguró que entre agosto y lo que va de septiembre ha habido 403 vinculaciones de nuevos funcionarios, una parte a través de contratos ocasionales.
Sin mostrar ningún documento, acusó a la Judicatura de «entregar 51 notarías bajo la figura de encargo, supuestamente, relacionadas con los votos para salvarlos del juicio político», dijo. Se adelantó, también, a decir que parte de los cargos entregados estarían, supuestamente, direcciones provinciales de Pastaza, Napo, Chimborazo, Los Ríos y Esmeraldas.
Incluso culpó al asambleísta Edgar Quezada (de Pachakutik, quien se abstuvo) al indicar que la Fiscalía archivó una denuncia en su contra por fraude procesal, que coincide con esta negociación.
Una tensa paz
El Partido Social Cristiano, insistirá en el juicio político pero que se hará aumentando supuestas pruebas que no estaban en un comienzo en la causal original, como audios en los que indicaría que habría una injerencia en la Justicia desde el Ejecutivo.
Sin embargo, esto retomaría todo desde cero, pues
Este nuevo proceso, de ser presentado, debería pasar primero por una calificación del Consejo de la Administración Legislativa. Más, en ese organismo está pendiente la calificación de los juicios políticos al ministro del Interior, Patricio Carrillo, y a la exministra de Salud, Ximena Garzón.