El Pleno de la Asamblea Nacional no destituyó a Guadalupe Llori de su condición de asambleísta por la provincia de Orellana. La moción de destitución, planteada por el correísmo, alcanzó a penas 82 votos; requería al menos 92 para ser aprobada.
Los 82 votos por la destitución provinieron del correísmo, el Partido Social Cristiano, parte de la Izquierda Democrática y el bloque de Pachakutik cercano a la CONAIE.
Hubo 14 votos en contra y 20 abstenciones.
La sesión fue suspendida por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, quien dejó en suspenso la reconsideración, argumentando que la proponente de la destitución, la correísta Johanna Ortiz.
Llori fue acusada de obligar a sus colaboradores, empleados de la Asamblea, a costear de sus propios salarios gastos de la Presidenta, como el alquiler de un carro de alta gama para su movilización. Como pruebas exhibió fotografías de un auto estacionado en el parque de la Presidencia de la Asamblea y facturas de su alquiler, pagados por servidores legislativos.
Los defensores de Llori han alegado que no existen depósitos en cuentas de Llori. Ella misma reconoció que sus colaboradores alquilaron un auto de alta gama para que ella se movilice, por el mal estado de la flota legislativa, pero arguyó que el reglamento interno de Pachakutik establece el compromiso de los militantes en cooperar económicamente con las actividades del movimiento.
No es la primera vez que Saquicela deja en suspenso una reconsideración después que el bloque que lo apoya pierde una votación.
