Juan Diego Vivanco Vieira
Baños de Agua Santa, Ecuador
Hay quienes piensan que quizás no fue la decisión más acertada el realizar una consulta popular conjuntamente con la elección de autoridades provinciales, cantonales, de participación ciudadana y de control social. Posiblemente puede tener como ventaja el ahorrar costos aprovechando la logística del momento; pero este ahorro puede costarle muy caro al gobierno nacional, y quién sabe, mucho más de lo que pensamos, a todo el pueblo ecuatoriano. Pero a estas alturas ya nada se puede hacer y de nada nos sirve llorar sobra la leche derramada.
A finales del año pasado, el señor Alberto Acosta (padre), manifestó abiertamente en una radio quiteña, su rechazo a la Consulta Popular promovida por el gobierno; de igual manera lo ha hecho el Sr. Leonidas Iza, Presidente de la CONAIE; así como también la señora Esperanza Martínez, representante de la organización ambientalista Acción Ecológica, promotora de la consulta popular en el año 2013 y que nació por iniciativa de un conglomerado de jóvenes autodenominados los Yasunidos, pidiendo que sea el pueblo quien decida la explotación o preservación de la reserva natural del ITT, conocido como bloque 43 y que, el crudo existente allí, se mantenga indefinidamente bajo el subsuelo.
Rafael Correa negó la consulta y retó a que los Yasunidos recogieran el equivalente al 5% de firmas del padrón electoral; del mismo modo, la Corte Constitucional se reservó el “derecho” de declarar inconstitucional la pregunta si las firmas pasaban. Se necesitaban 584.000 firmas para que se pudiese dar la consulta. Secuestrados como estaban todos los poderes del Estado y con un gobierno dictatorial y fraudulento, la consulta estaba, desde su inicio, condenada al fracaso. A pesar de ello, se recolectó casi 728.000 firmas, de las cuales, el CNE, en complot con el gobierno, anuló, en tan sólo dos semanas, más de 400.000 firmas.
Tan sólo en la ciudad de Baños de Agua Santa, el colectivo Baños por la Vida, logramos recolectar 2.500 firmas; firmas de gente valiente que firmó a pesar del abucheo y las amenazas provenientes de un aparataje gubernamental que respondía única y exclusivamente a un caudillo y sus esbirros. También hubo quienes, con temor y con tristeza se privaban de firmar; por lo general eran funcionarios públicos que temían aparecer en la “lista negra” y perder sus puestos de trabajo. Es bueno recordarle estas cosas a este desmemoriado pueblo que ha empezado a decir en coro, canto y gorgoreo que con Correa estábamos mejor.
Pero, volviendo a la consulta popular de este febrero. A más de los nombrados, hay movimientos, voces, y organizaciones sociales que cuestionan y ponen en tela de duda la “verdadera” intencionalidad del gobierno en las preguntas, así como hay, de la misma manera, movimientos, voces y organizaciones que apoyan las preguntas de la consulta popular. Como ciudadanos responsables deberíamos escuchar atentamente a las dos partes e investigar por cuenta propia.
Por supuesto y, además, como es natural en tiempos de toda conmoción social, también están todos aquellos que siempre buscan pescar a río revuelto y quieren aprovecharse del mínimo pretexto para ganar protagonismo y así, intentar llegar o pretender volver a la troncha y al poder y desde allí fomentar la corrupción e instaurar el nepotismo; desfalcar las arcas públicas y engañar al pueblo.
Por desgracia para ellos y por fortuna para nosotros, éstos sujetos, se vuelven cada vez más visibles y muchísimo más evidentes a medida que aumenta en la sociedad, la inseguridad, la pobreza, la injusticia y la impunidad. También se los pueden encontrar muy cómodamente ubicados en el fanatismo, el egocentrismo y la introyección. Pero la manera más sencilla de identificarlos se debe a que, éstos, no soportan que la gente piense por sí misma o peor aún, que opine.
Pero, más allá de que el tema de la Consulta se haya mezclado y convertido en una feroz batalla mediática y electoral; e independientemente que en las 8 preguntas de la Consulta se puedan o no esconder entre anexos y en letras diminutas alguna falacia o doble intención; toda consulta es valedera, venga de donde venga y es un sinónimo de inclusión y democracia.
De allí, es decisión nuestra por lo que queramos o no votar. Son ocho las preguntas, las mismas que tratan sobre: 1) la extradición, 2) la fiscalía, 3) la asamblea, 4) los movimientos políticos, 5) las autoridades de control, 6) el concejo de participación, 7) la protección hídrica y 8) la compensación ambiental. Sin embargo, a esas 8 preguntas se las han querido resumir en dos simples opciones: o todo sí o todo no. ¿Realmente vamos a votar sin siquiera darnos el tiempo de analizar cada una de esas preguntas y considerar las consecuencias que podría tener nuestra elección?
Quizás las preguntas que han generado la mayor polémica son las preguntas 7 y 8, que están relacionadas con el tema ambiental.
En la séptima pregunta el gobierno pretende incorporar, un subsistema adicional de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero señala que “su rectoría y regulación será ejercida por el Estado”. Y es aquí, donde los movimientos ecológicos hallan el talón de Aquiles a la pregunta, puesto que consideran que las comunidades originarias, otra hora dueñas del territorio, se tendrán que incorporar a las estrategias de conservación y perderán sus derechos territoriales y el derecho al uso de su territorio.
La octava pregunta, pretende que la Constitución prevea que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarias de compensaciones debidamente reguladas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales.
¿Será el momento que el Estado compense de mejor manera a nuestro cantón por tanta hidroeléctrica construida? Sería interesante saber, cuál sería el impacto que el resultado de estas dos preguntas tendría para Baños de Agua Santa. Sobre todo, porque nuestro cantón cuenta con una gran cantidad de recursos hídricos y minerales.
¿Qué pasaría si gente inescrupulosa pretendiera apropiarse de nuestros recursos naturales, nuestras fuentes de agua, como ya ha sucedido, y las usaran para su propio beneficio y lucro personal? ¿Qué pasaría si entrasen al poder personas relacionadas con la explotación y la minería y expertos en el abuso y la especulación del suelo?
¿Qué pasaría si, como ya ha pasado, lleguen al cabildo, autoridades buenas para hacer arreglos bajo la mesa y extiendan permisos que son atentatorios para el entorno natural y pone en serio riesgo la vida silvestre y la existencia de especies salvajes, muchas de ellas consideradas endémicas? No nos olvidemos que Baños tiene el privilegio y la responsabilidad de estar en medio de dos grandes parques nacionales como lo son el Sangay y los LLanganates.
¿No sería quizás, oportuno que, ya que las autoridades locales no quieren o no saben cómo poner orden y hacer cumplir y respetar las leyes y ordenanzas que ellos mismos han creado, sea el Estado quien, resguarde, cuide y protejan nuestros recursos naturales que día a día se ven mermados? ¿Y si no es así? Sinceramente no lo sé y parecería que estamos en la difícil tarea de escoger entre dos disyuntivas.
Posiblemente, podríamos empezar por elegir como autoridades, a personas que no tengan vínculos cercanos con nada que tenga que ver con “la década ganada”, pues, sabido es que, si estos vuelven, vendrán por más, vendrán por recuperar el dinero perdido y cuando eso ocurra, estaremos condenados a contemplar con horror y pena, cómo, nuestro Pedacito de Cielo, se convierten en Sodoma y Las Vegas y, por último, en el desértico Potosí boliviano, descrito por Galeano.
- Juan Diego Vivanco Vieira es licenciado en Educación en Dinamarca, orfebre, poeta y escritor. Actualmente vive en el pueblo de su infancia, Baños de Agua Santa. Junto a su esposa, dirigen Librería Vieira Arte-Ilusiones.
