El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional de Ecuador verificó este lunes la validez de una solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, y remitió la causa a la Corte Constitucional para que evalué la legalidad de la acusación.
Con el voto de cinco legisladores y la abstención de dos de sus miembros, el CAL calificó la validez del pedido de juicio político de censura contra el mandatario ecuatoriano, quien ha sido acusado de concusión y malversación en un presunto caso de corrupción en empresas públicas.
Las abstenciones fueron de Nathalie Arias de Creo y Johanna Moreira de la Izquierda Democrática, quien previamente observó que el documento tenía errores y que era preferible que se devuelva para subsanarlo.
El trámite del proceso de censura abierto por la oposición pasará a la Corte Constitucional, organismo que deberá certificar la legalidad, si se ciñe a la Carta Magna, y podrá admitir o no el juicio contra el mandatario.
La Corte Constitucional tiene un plazo de seis días para emitir un dictamen de «admisibilidad» del proceso remitido por el CAL que, en caso de ser favorable, dará paso a que el Parlamento continúe con el trámite del juicio político, según señaló el legislador opositor Darwin Pereira.
Fiscalización
Remarcó que este es sólo un paso y que, si incluso el Constitucional diera luz verde al juicio político, la petición aún debe pasar por el filtro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, antes de ir a debate en el pleno del Parlamento.
De su lado, la legisladora oficialista Nathalia Arias hizo notar algunas dudas sobre el trámite del proceso político y dijo confiar en que la Corte Constitucional observará el debido proceso.
Según Arias, en el trámite de fiscalización parlamentaria «se debe garantizar el debido proceso de principio a fin», pues lo contrario «puede exponer el proceso a la nulidad» en cualquier momento.
El pedido de juicio contra Lasso ha sido presentado por grupos de oposición que hacen mayoría en la Asamblea, con base a un informe presentado por una comisión legislativa que investigó el denominado caso «Encuentro» o «Gran Padrino», que involucró al amigo de un cuñado del Presidente Guillermo Lasso.
Dicha comisión recomendó a la Asamblea que interpele a Lasso por los supuestos actos de corrupción investigados en empresas públicas de Hernán Luque, presidente del conglomerado de empresas estatales, que salió del cargo en diciembre de 2022, y de quien se difundido un audio en el que supuestamente pediría 150 mil dólares, no se sabe a quién ni para qué.
Un amigo del cuñado
Se investiga también a Rubén Cherres, que ha sido objeto de una investigación policial por su supuesta relación con una red de narcotráfico, y que además es amigo del empresario Danilo Carrera, cuñado del Presidente Lasso.
Un informe de la Policía Nacional, filtrada por el sitio La Posta, demuestra que Cherres almorzaba con frecuencia con Danilo Carrera en sitios públicos y que hablaban por teléfono con frecuencia. En algunas de esas conversaciones, Cherres ha pedido favores burocráticos a Carrera, que no es funcionario del régimen.
El pedido de juicio político en contra de Lasso se amparó en los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución, sobre la posibilidad de censura al mandatario por delitos «contra la seguridad del Estado» o por «concusión, cohecho, peculado (malversación) o enriquecimiento ilícito».
Lasso criticó en su momento el informe de la comisión parlamentaria, de mayoría opositora, y lo calificó de un «mamotreto» sin «pies ni cabeza».
El trámite del juicio político contra Lasso se produce en un momento en que su Gobierno luce aparentemente debilitado tras haber encajado un duro golpe político el pasado 5 de febrero, cuando fue derrotado por la oposición en un referéndum promovido por el Ejecutivo y, al mismo tiempo, el correísmo ganó las elecciones locales.
En junio de 2022, Lasso ya había salvado por pocos votos una moción para destituirlo en medio de unas duras protestas lideradas por el movimiento indígena. EFE
