Más de una decena de “amicus curiae” han llegado a la Corte Constitucional desde el 25 de marzo de 2023, en el caso del juicio político al presidente Guillermo Lasso, que impulsa un sector de la oposición en la Asamblea Nacional. Entre los escritos ingresados a la CC hay criterios a favor y contra.
El “amicus” es un recurso constitucional que permite que terceras personas, ajenas a un proceso, ofrezcan opiniones para la solución de un caso sometido a conocimiento judicial, justificando su interés en su resolución final. Con este recurso también se puede aportar elementos para que el magistrado tome una decisión.
La decisión de aceptar o no a trámite los “amicus curiae” les corresponde a los magistrados Richard Ortiz y Alí Lozada, sustanciadores del caso.
Édgar Neira, abogado de Lasso, explicó que la Corte tiene que considerar los escritos, leerlos y valorarlos y si fuera el caso acogerlos para emitir su opinión, pero aclaró que no son vinculantes. “Para la Corte lo único que es vinculante es la norma constitucional y su conciencia”, expresó.
Entre los pedidos de “amicus” para que la CC inadmita el trámite de interpelación están la Cámara de Industrias, abogados, constitucionalistas, docentes, entre otros.
Varios de los proponentes
Felipe Espinosa, de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana, y la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, pidieron a la CC inadmitir a trámite la solicitud argumentando faltas al debido proceso. “La figura del juicio no puede ser utilizada de manera discrecional y con finalidades desviadas para atender agendas meramente políticas”, argumentó Rivadeneira.
En un escrito, Luis Simbaña, presidente de la Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (AMARU), expresó su preocupación ante la eventualidad de que se admita el juicio y calificó a esta intención como un “intento de desestabilización de la democracia”.
Ante la crisis económica post pandemia, AMARU hizo un llamado a la tranquilidad, y evitar “caos antojadizos por parte de grupos legislativos que pretenden tomarse el poder por asalto”. Anticiparon que permanecerán en vigilia ante una eventual desestabilización de la democracia y la gobernabilidad en Ecuador.
Un grupo de doce personas, representantes de organizaciones sociales, también pidieron a la CC inadmitir la solicitud por vicios de procedibilidad. Se sumó a esta tesis el constitucionalista José Chalco.
Otra visión
Los abogados Gabriel Pereira, Jorge Barrera, Néstor Toro Hinostroza y el dirigente del movimiento Unidad Popular (UP), Geovanny Atarihuana, pidieron a la Corte que se admita a solicitud de juicio, porque cumple con los requerimientos previstos en el ordenamiento jurídico y se desarrolla dentro de las causales establecidas en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución.
Gustavo Tituaña Carrión, presidente de la Asociación Acción Humanitaria Internacional consideró que, una vez activados los mecanismos de juicio por parte de la Asamblea, el Presidente no podría utilizar otras formas para detener la acción fiscalizadora..
En su escrito, Soledad Angus, integrante del “Movimiento feminista de mujeres y disidencia en resistencia” señaló que el procedimiento parlamentario para enjuiciamiento ha observado las condiciones, plazos y requisitos previstos en los artículos 86, 87 y 88 de la Ley de la Función Legislativa, como la presentación de la prueba, firmas de respaldo, etc.
Rita Ramírez, representante de la Asociación de Mujeres Profesionales y Emprendedoras del Ecuador, dice que existen pruebas para enjuiciar políticamente al Presidente “por su inoperancia ante los actos de corrupción de su círculo familiar y social más cercano”. Los ciudadanos Elizabeth Acosta, Álex Flores, de la plataforma ‘Va por ti Ecuador’ y Gayne Villagómez, del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, se sumaron al pedido de admisión.