Quito, Ecuador
Otra vez las universidades confundiendo los papeles. Otra vez dando muestras de que no saben con claridad cuál es su función en la sociedad. Otra vez actuando como movimientos políticos. Otra vez censurando a quienes no comparten la posición institucional.
En el año 2020, la Universidad de Barcelona fue condenada “por vulnerar el derecho a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de sus profesores y alumnos, y el derecho a la educación de estos últimos” (Diario ABC, 5 de octubre de 2020). Esta condena es el resultado de una denuncia presentada por la plataforma Universitarios por la Convivencia que acusó a la Universidad de Barcelona, y a otras universidades catalanas, de haber violado dichas libertades con la emisión de un manifiesto público a favor de la libertad de los presos del procés.
“La sentencia empieza por recordar que la Universidad no es una institución de representación política y que, en tanto que institución pública, está sometida al deber de neutralidad. Invoca, asimismo, la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual las instituciones públicas no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión, que es un derecho de las personas, y, «por ello, el referido Manifiesto no puede tener cobertura en la libertad ideológica y de expresión», tal como alegaba la Universidad.
El fallo establece que la exigencia de neutralidad es precisamente la condición de ejercicio de tales libertades por sus genuinos titulares, que no son sino los individuos, profesores y alumnos en este caso. Sin tal neutralidad, se incurre, según apunta, en una indeseable confusión de funciones administrativas y políticas, que implica el menoscabo de la igualdad y el pluralismo de las ideas y creencias” (Diario ABC, 5 de octubre de 2020).
Los principios invocados en la sentencia contra la Universidad de Barcelona son los mismos que se defienden en el Informe Kalven, de la Universidad de Chicago, sobre la participación de la universidad en la acción política y social (1967). En este Informe se establece que, si bien la universidad forma a los críticos, no es el crítico y que al asumir una posición política frente a una cuestión coyuntural está censurando a la minoría que no está de acuerdo con el punto de vista adoptado por la institución.
El Informe Kalven recuerda que el campo de actuación de la universidad es la enseñanza y la investigación y que al ejercer la acción colectiva deja de cumplir su misión fundamental para asumir un papel político de segunda categoría.
Esto, asumir un papel político de segunda categoría, es lo que han vuelto a hacer las universidades ecuatorianas que se manifestaron públicamente en contra del último decreto presidencial sobre la tenencia y el porte de armas (antes ya lo hicieron sirviendo de base logística a los miembros del movimiento indígena que en los años 2019 y 2022 se levantaron contra el gobierno). Y, al inmiscuirse en la acción política, han violentado derechos fundamentales de los estudiantes, docentes y trabajadores que no comulgan con la posición institucional.
No. Los universitarios ecuatorianos no se dan cuenta de esto, o no quieren hacerlo. La política, y ellos lo saben, da más réditos que la actividad académica. Como han confundido la academia con la política, no es extraño que, en pleno siglo XXI, los repertorios de la protesta social sigan siendo, como en los años ochenta del siglo pasado, el medio para resolver cuestiones administrativas y académicas.
Concentraciones, tomas de espacios, grafitos, manifiestos, cartas abiertas, música protesta, “espadas de Bolívar por América Latina”; y, también, “la rebeldía -no el interés por conocer ni la entrega a la investigación y al estudio- es la razón de ser del estudiante universitario”, son expresiones comunes de la vida universitaria. Política, abierta o disimulada; pero solo eso. Lamentablemente, solo eso.
Mientras tanto, el pensamiento sigue siendo ahogado y la libertad reprimida, y nuestro primer premio Nobel de ciencias se cansa de esperar la fecha de su nacimiento. Si continúan las cosas de este modo, le quedan, por lo menos, cien años de espera.
