Al interior de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se trabajaría en la forma de aplicar una parte del artículo 69 del actual Código Orgánico Integral Penal (COIP) para permitir que la Policía Nacional pueda hacer uso de las armas y municiones que la fuerza pública incautó en operativos contra la delincuencia y el crimen organizado a nivel nacional.
El texto del articulado que se buscaría dar forma, para dar paso a un pedido hecho a la Corte Nacional por la Dirección de Investigación Técnico Científica de la Policía Nacional, sería el ubicado en el artículo 69, numeral tres, inciso segundo, del COIP, que habla de las penas restrictivas de los derechos de propiedad. La parte específica que generaría el pedido señala que “el juzgador podrá declarar de beneficio social o interés público los instrumentos o efectos de la infracción y autorizar su uso”.
La solicitud se analizaría justo en momentos en que la CNJ lidera una mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen, en la que esta semana entregaron los resultados del primer mes de trabajo en cuatro ejes definidos: prevención y reducción de la criminalidad, cooperación interinstitucional, presupuesto y reformas en el ámbito normativo. El objetivo de esta mesa sería dar soluciones prácticas a nudos críticos en el tema de seguridad que tienen varias vertientes para su solución.
Además de la Corte Nacional, en la mesa conformada participan delegados de los presidentes de la Asamblea Nacional y el Consejo de la Judicatura, Virgilio Saquicela y Wilman Terán, respectivamente, la fiscal general Diana Salazar, el defensor público general Ángel Torres y de parte del Poder Ejecutivo los ministros de Gobierno e Interior, Henry Cucalón y Juan Zapata, así como el secretario Jurídico de la presidencia de la República, Juan Pablo Ortíz.
? #Comunicado | Mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen presentó resultados ⬇️ pic.twitter.com/6FeEFOA5Ed
— Corte Nacional de Justicia (@CorteNacional) April 13, 2023
Según el presidente de la CNJ, Iván Saquicela, la propuesta planteada en el tema de armas y municiones incautadas es que el máximo órgano de justicia ordinaria del país pueda trabajar en una resolución para que el juez tenga absoluta claridad en hacer uso de la facultad que prevé el artículo 69. La posibilidad sería trabajar en un protocolo o instructivo.
Saquicela indicó que ya habría existido una primera reunión en la que la CNJ analizó, conjuntamente con la Policía, temas jurídicos y para coordinar aspectos de la parte institucional.
“La Policía cumpla dos objetivos fundamentalmente: uno pueda realizar con esas armas y municiones pericias que ayuden a otras investigaciones desde el punto de vista de la investigación técnico-científica; y dos, que las armas que sí están para ser usadas, es decir, están en buenas condiciones pasen a uso de la Policía Nacional”, explicó para Ecuavisa Saquicela.
Cifras oficiales señalan que al momento en el país habrían sido incautadas 35.700 armas de fuego y 332.000 municiones. Si el planteamiento avanza, tanto las armas como las municiones producto de incautaciones en operativos antidelincuenciales deberían ingresar en un proceso de evaluación del que se desprenda cuántas y cuáles están en las condiciones de ser usadas por la Policía Nacional.