Guayaquil, Ecuador
La amenaza explícita realizada por Guillermo Churuchumbi, autoproclamado nuevo Coordinador General de Pachakutik, de aplicar justicia indígena a los asambleístas de ese movimiento que no voten a favor de la destitución del Presidente Lasso, ha sido recibida por los parlamentarios aludidos con una mezcla de indiferencia, desprecio y escepticismo.
Para la gran mayoría de comentaristas políticos y para la población en general, estas declaraciones no pasan de ser un hecho anecdótico, propio de la farsa en la que se ha convertido la política ecuatoriana. Sin embargo, esta amenaza dista mucho de ser trivial y mal haría nuestra sociedad en no discutir sus graves implicaciones.
Desde un punto de vista político, esta declaración de quien aspira a convertirse en la cabeza de una de las organizaciones partidistas más importantes del país (su polémica elección ha sido impugnada); revela a las claras que los dirigentes de Pachakutik, ven a ese movimiento como una organización eminentemente indígena, compuesta por y para indígenas, sometidos a reglas de aplicación exclusiva para indígenas.
Todo esto a pesar de que la mayor parte de la votación recibida por Yaku Pérez en la elección presidencial del 2021 provino de mestizos, lo que le permitió a su movimiento alcanzar el mayor número de escaños en la Asamblea de su historia electoral, obteniendo representación en provincias de la Costa como Guayas y El Oro, donde la población indígena es prácticamente inexistente.
Bajo esos antecedentes, ¿tiene algún sentido que asambleístas no indígenas como Ricardo Vanegas o Darwin Pereira, puedan ser amenazados con la aplicación de un sistema jurídico que la Constitución contempla en exclusividad para las comunidades indígenas? Y bajo esta interpretación extensiva, que bien podría denominarse como “Teoría Churuchumbi”, ¿estarían también sujetos a la justicia indígena, los adherentes, simpatizantes y votantes de Pachakutik? Bien valdría que esto quede aclarado antes de las próximas elecciones, para que los electores tengan claro a qué atenerse.
Más allá de las implicaciones que estas delirantes interpretaciones tienen para un movimiento político en particular; el momento histórico que vive el país, donde la CONAIE se ha puesto a las órdenes del correísmo pretendiendo subvertir la democracia para intentar imponer un régimen autoritario de partido único; obliga a los ecuatorianos a enfrentar la incómoda verdad de que resulta un despropósito absoluto el pretender que convivan al mismo tiempo dos sistemas jurídicos, el uno contemplado en la Constitución de la República, leyes y demás normas escritas y por otro lado, la denominada “justicia indígena”, basada fundamentalmente en las costumbres y no recogido en ningún código o ley escrita que brinde algún tipo de garantía en su aplicación.
Costumbres que pueden llegar a ser diametralmente opuestas al respeto de los derechos humanos (como el caso de la prohibición de la tortura por señalar un solo ejemplo), contemplados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que Ecuador es parte. Costumbres que lamentablemente incluyen un ancestral machismo que muchas veces se ven reflejados en agresiones de carácter físico y sexual a las mujeres indígenas.
Resulta inconcebible en que en pleno Siglo XXI, una parte importante de la población esté condenada a estar desamparada de las protecciones fundamentales de las que gozan el resto de los ecuatorianos.
Una consecuencia lógica de contar con un sistema de justicia propio, es la pretensión de tener una fuerza armada propia que permita la imposición coercitiva de sus decisiones. Aunque este punto no tiene ningún asidero en nuestra Constitución, es un secreto a voces la existencia de denominadas guardias indígenas, que en la práctica se han convertido en las fuerzas de choque de sus dirigentes.
A esto se suma, la lamentable claudicación del Estado ecuatoriano en las recientes mesas de diálogo promovidas por el ex ministro Francisco Jiménez, respecto a la educación intercultural bilingüe; en la que en la práctica se ha entregado una autonomía absoluta en el manejo de la educación de los pueblos indígenas a la Conaie, condenando a cientos de miles de jóvenes a un sistema donde el adoctrinamiento ideológico y no el desarrollo de competencias para la vida profesional será la prioridad. La conformación de un estado paralelo parece consumada.
Un peligroso cóctel de irresponsabilidad, negligencia, desidia y oportunismo, permitió en el pasado que se elevara a norma constitucional la semilla de la destrucción de la unidad nacional, separando a los ciudadanos en clases distintas y aniquilando el principio de igualdad ante la ley. Esta barbaridad debe ser corregida mediante una reforma constitucional que ponga fin a esta absurda coexistencia de regímenes jurídicos y que garantice el trato uniforme a los ciudadanos en todo el territorio nacional. Para mañana es tarde.
